lunes, 31 de octubre de 2016

El EZLN, la izquierda partidista y el estado mexicano.


La polémica desatada por el anuncio del EZLN y el CNI en el sentido de que están considerando la posibilidad de lanzar una candidata indígena a la presidencia en las elecciones federales del 2018 parece nutrirse de la larga historia de desencuentros entre las dos grandes corrientes de la izquierda mexicana: los reformistas y los movimentistas. En realidad descansa en un contexto en el que izquierda y derecha han perdido sentido desde la perspectiva del cambio social, donde la lucha electoral se encuentra en su nivel más bajo de popularidad desde el triunfo de la revolución mexicana y la dinámica geopolítica heredada por el fin de la segunda guerra mundial no opera más.

Desde la caída del Muro de Berlín, la descomposición de la dinámica política surgida al calor de la revolución francesa es el pan de cada día y sus síntomas se muestran con más fuerza. A contrapelo, las instituciones liberales parecen seguir como si nada, sostenidas por la conveniente certeza de que la crisis es de carácter coyuntural y no estructural, de que el problema es sólo cuestión de ajustes y reformas. Ya en su momento, un crítico certero de dicha actitud anunció el fin de la era de los partidos políticos, como ejes centrales de la participación política, para dar paso a las de los movimientos antisistémicos. De acuerdo con Immnuel Wallesrtein, los estados liberales –que se apoyan en la democracia procedimental- “… pueden escoger entre ayudar a la gente común a vivir mejor y ayudar a los estratos superiores a prosperar aún más. Pero eso es todo lo que los estados pueden hacer… Si queremos  afectar de forma significativa la enorme transición del sistema mundial que estamos viviendo… el estado no es un vehículo principal de acción. En realidad, más bien es uno de los principales obstáculos.” (1)

En este sentido, la insistencia de luchar por la conducción del estado a través de las elecciones, si bien no puede ser descartada como táctica política a corto plazo, no ofrece una salida real a la presente coyuntura. Es cierto que las elecciones pueden abrir paso a un gobierno más proclive a mejorar la distribución del ingreso pero al final la misión el estado liberal permanece y solo es cuestión de tiempo para que los gobiernos populares sean sustituidos por los derechistas. Baste observar el caso de Argentina o de Brasil, con todas las singularidades de ambos casos. Si las elecciones mantienen la presencia de gobiernos populares de manera reiterada, el sistema político posee las piezas necesarias para revertir semejante tendencia y realizar cambios, ya sea por medio de golpes de estado de viejo cuño o los llamados golpes blandos que cuentan hoy con amplia aceptación entre los dueños del dinero.

Aceptar lo anterior desde el interior de los partidos políticos implicaría comprender “… que las estructuras estatales han llegado a ser (¿han sido siempre?) un obstáculo importante para la transformación del sistema mundial, incluso cuando (o quizá especialmente cuando) fueron controlados por fuerzas reformistas, es lo que está detrás del vuelco general en contra del estado en el tercer mundo…”(2) Dicho de otro modo, aceptar que la tierra prometida de los liberales es una ilusión que sólo serviría para que lo esencial permanezca –a pesar de las buenas intenciones de leyes, reformas y lo que se acumule- necesariamente implicaría modificar radicalmente la estrategia política de los que viven del gatopardismo progresista o conservador, de la ilusión liberal.

La probable candidatura del EZLN-CNI para el 2018 ha vuelto a poner en el escenario mexicano el abierto conflicto entre los que no comprenden o no quieren comprender lo arriba expuesto y los que han venido construyendo nuevas opciones a partir del reconocimiento del fin de la decadencia del estado liberal. Y esto no necesariamente coincide con los planos izquierda y derecha sino con la búsqueda de otros horizontes para la construcción de un mundo nuevo. Mucho menos con el estás conmigo o estás contra mí, argumento muy utilizado por los promotores de la unidad de la izquierda bajo el liderazgo de AMLO. Este argumento responde básicamente a la estrategia frentista, que resulta más útil al sistema que a las aspiraciones de un cambio real. El triunfo de la izquierda partidista sólo le daría un poco de oxígeno a un sistema caduco pero la marginación, la discriminación y el racismo seguirían gozando de buena salud, no se diga la acumulación de capital, las guerras ‘justas’ y los premios Nobel a generales, asesinos y genocidas.

La candidatura de una mujer indígena y las reacciones del ‘establishment’ electoral mexicano no sorprenden a nadie, mucho menos las burlas y sarcasmos de corte racista. ¿De dónde proviene el combustible para descalificar o incluso considerar una traición o parte de un complot maquinado por los dueños del dinero en México? Del miedo, del temor de que una candidatura indígena autónoma exponga una vez más las limitaciones, la patología de un régimen que apenas puede mantenerse en pie. Porque los contrastes rayarían en lo grotesco: saco Armani contra huipil; millones de pesos (sucios y no tanto) contra ¿miles?; palabras vanas, promesas falsas contra principios claros y llamados a la acción autónoma; entrevistas pagadas en todos los medios de comunicación y una avalancha de espots contra encuentros cara a cara para escuchar, para dialogar. Pero sobre todo porque haría visible, una vez más, que nuestro país es enormemente desigual, que las elecciones son un circo y que el poder del dinero es el que las decide.  Porque en las elecciones de 2018 no será el voto a favor de la candidata indígena lo que decidirá la suerte de AMLO sino su capacidad para diluir su imagen pública a contentillo de los que deciden las elecciones. Hay que admitir que el propio AMLO es consciente de lo anterior al grado de que ha dado pasos en ésa dirección al conceder la amnistía anticipada a Peña y sus amigos, al abrir la puerta de MORENA a priistas ‘buenos’ y demás fauna del sistema político. Y claro de cuidarse de mirar abajo y a la izquierda para promover sus demandas, apoyando públicamente el laboratorio zapatista en Chiapas, visitándolo para entablar un diálogo, criticando las limitaciones de los partidos centralizados a partir de un liderazgo carismático.

Aceptando sin conceder que la llegada de AMLO a Los Pinos modifique la agenda gubernamental lo suficiente para aminorar momentáneamente la debacle del estado mexicano no por ello se puede pensar que el cambio será real. Lula da Silva puede ser un buen ejemplo de las limitaciones a las que se enfrenta un gobierno de izquierda partidista, de sus posibilidades y de sus consecuencias. En todo caso, la propuesta del EZLN y del CNI debe ser respetada e incluso bienvenida no sólo por su contenido simbólico sino por su vocación autónoma y por donde se vea, su legitimidad y legalidad. Su potencial estratégico está relacionado con la posibilidad de que la ‘comprensión’ de los límites del sistema actual se amplíe a la mayor parte de la población excluida para acabar con el ilusionismo liberal. Y esa no es una tarea menor, es de hecho una de las tareas estratégicas que el movimiento zapatista se ha planteado casi desde su nacimiento. Gracias a ella ha despertado simpatías alrededor del mundo y le ha dado vida a la posibilidad de imaginar un mundo donde quepan muchos mundos.

1) Wallerstein, I. Después del liberalismo. México, S. XXI, 2005. p. 7
2) Ibídem.

lunes, 24 de octubre de 2016

El Archivo del Terror de Javier Duarte: Los Periodistas

La larga noche de la gubernatura de Javier Duarte llega a su fin. Perdura, no obstante, la estela del terror que sembró durante sus seis años de gestión, prohijado desde las altas esferas del poder público federal, que ahora, acorralado por las especulaciones de complicidad, conjura una suerte de escenificación justiciera que a todas luces responde a los atrabiliarios cálculos electorales de una clase política podrida hasta los tuétanos. El horror innombrable que soportaron las víctimas del duartismo no puede quedar en el olvido. No hay reparación posible para el dolor que padece Veracruz. Documentar los horrores es sólo un gesto minúsculo de justicia, necesario para sanar y compartir un duelo colectivo, que es un primer paso, apenas modesto, en la dirección de un cambio urgente de timón. Ese cambio es una tarea política de la sociedad, no de corruptos olímpicos erigidos en gobernantes electos. La memoria del dolor es el anticuerpo contra los gobiernos criminales. Este es un ejercicio de memoria, una recapitulación de ese terror que diseminó un gobierno criminal encumbrado en eso que su antecesor llamó “la plenitud del pinche poder”. 

I. Los periodistas

Históricamente Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el oficio de periodista. Esta toxicidad hacia el periodismo tiene sus raíces en la histórica relación del gobierno y ciertos flancos del gremio periodístico (maiceo, chayoteo, obediencia de la prensa a los caprichos del poder en turno) y en la satanización y desprotección de los periodistas independientes en un estado fuertemente castigado por la excepcionalidad. Pero esa peligrosidad alcanzó niveles insospechados durante la administración de Javier Duarte. Desde la llegada al poder del impresentable Duarte de Ochoa, admirador confeso de Francisco Franco (el otrora dictador de España), Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso en América Latina para el ejercicio profesional del periodismo. 

Acaso poco recuerdan, pero la secuencia de agravios contra los periodistas en la era de Javier Duarte arrancó con un incidente que alcanzó relevancia internacional, por la magnitud del desgarriate. En agosto de 2011, María de Jesús Bravo Pagola, columnista de Milenio El Portal, fue acusada por el gobierno estatal por presuntos actos de terrorismo, luego de que en su cuenta personal de twitter alertara a la población de una balacera. Después de un mes de reclusión, Bravo Pagola salió de prisión. Pero la advertencia había sido emitida: el duartismo no toleraría ningún señalamiento a sus allegados criminales. 

Ese incidente, para la historia del periodismo en Veracruz, marcaría un punto de inflexión: si tradicionalmente la no alineación se pagaba con persecución, a partir de ese antecedente la osadía de la denuncia se pagaría con encarcelamiento, y no pocas veces con la muerte. No tardó en llegar la ejecución de ese código. El asesinato de Regina Martínez (28 de abril de 2012), ex corresponsal de la revista Proceso, refrendó la ley de hierro del duartismo: muerte a los periodistas. 

Veracruz se convirtió en un calabozo para los periodistas e informadores. En este renglón, la entidad tiene saldos desastrosos. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, el estado es uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias advirtió que el estado de Veracruz concentra el 50 por ciento de los homicidios contra periodistas en México desde 2011. 

El gobierno de Javier Duarte fue especialmente letal para el ejercicio periodístico. Sólo en los primeros 38 meses de su administración,

“[…]en promedio cada tres meses [murió o desapareció] un periodista; y, aunque hay evidencias irrefutables de la mala integración de las investigaciones de la Procuraduría estatal y de ‘sospechosas coincidencias’ de las coberturas periodísticas de algunos de los profesionales de información asesinados, en todos los casos las autoridades niegan que tales crímenes tengan relación con su ejercicio profesional” (Cantú en Proceso 16-II-2014). 

En total, durante los seis años de la administración de Javier Duarte, 19 periodistas fueron asesinados.  
Cualquiera que colaboró en algún medio de comunicación en la era duartista sabía que estaba expuesto a una lapidaria disyuntiva: “cooperas o cuello”, que es equiparable al “plata o plomo” de los narcos. Debido a ese clima de hostilidad algunos periodistas decidieron abandonar la entidad y refugiarse en otros estados de la república. En 2013, el periodista Noé Zavaleta –que por cierto abandonó recientemente el estado por amenazas de muerte–, advirtió: 

“Reporteros como Andrés Timoteo, excorresponsal de La Jornada, y Rafael Pineda, Rape, tuvieron que salir de Veracruz por considerar que no hay garantías de seguridad mínimas para ejercer el periodismo. El caso más reciente es el del fotógrafo de la agencia Cuartoscuro Félix Márquez, quien abandonó la entidad durante algunas semanas luego de que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, ‘sugirió’ que debería estar preso por publicar las fotos de un grupo de autodefensa que opera en Tlalixcoyan” (Zavaleta en Proceso 28-IV-2013). 

Pero no todos corrieron con la misma suerte en el exilio. El homicidio de Rubén Espinosa Becerril (colaborador de la revista Proceso, excompañero de Regina Martínez) apunta a un crimen ordenado desde Veracruz, con un mensaje dirigido a la totalidad del gremio periodístico de la entidad: el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas. 

La denuncia no derroca gobiernos ni remueve estructuras socioeconómicas. A lo mucho señala la podredumbre de una fuente de autoridad o previene acerca de los abusos que frecuentemente acompañan al ejercicio de poder. Pero en el Veracruz de Javier Duarte, esa práctica ciudadana elemental era una herejía meritoria de persecución, tortura y muerte. Rubén fue uno de los periodistas más atentos a los abusos de la gestión de Javier Duarte. La evidencia sugiere que pagó con la muerte esa “insolencia”. Poco antes del homicidio de Espinosa Becerril, en un evento con periodistas celebrado en Poza Rica, el mandatario veracruzano había advertido amenazadoramente: 

“Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Y si a alguien ofende lo que voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa. Lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos, y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones… Hay momentos difíciles… Bajo advertencia no hay engaño. Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos. Pórtense bien (sic). Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les habla” (Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015). 

Un día antes de huir del estado para exiliarse en la capital del país, y tras haber recibido reiteradas amenazas de muerte en Veracruz, Rubén confesó al reportero Noé Zavaleta:  

“Ayer y hoy me han estado siguiendo. Ya es muy directo: un tipo afuera de mi casa me tomó fotografías, y son los mismos que he visto otras veces… Mejor me voy antes de que me pase lo que a los estudiantes, que me peguen una madriza, que me manden al hospital un mes y que me dejen loco, más de lo que ya estoy” (op. cit.). 

Lo que siguió después del asesinato de Rubén fue un éxodo de periodistas que abandonaron la entidad veracruzana en busca de refugio en otras ciudades. Otros optaron por la autocensura. 

En una entrevista concertada en agosto de 2015, el reportero de Proceso Noé Zavaleta explicó que los controles de censura se multiplicaron en los últimos años en Veracruz, en el marco de la administración de Javier Duarte, y que entre los tipos de controles más socorridos destacan: 

“[…] los autocontroles del propio reportero, controles económicos por parte de los dueños de comunicación locales y controles gubernamentales que condicionan a los medios pequeños a cambio de publicidad oficial, entre otros”. 

Todos los informes de organismos internacionales dibujan un contexto siniestro para la profesión periodística en Veracruz, y en aras de su conocimiento testimonial de esta coyuntura, se le pidió a Zavaleta que señalara quién agrede o persigue a los periodistas en el estado. Sin indicar nombres, y con visible cautela, Noé adujo: “Son varios frentes: el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública, servidores públicos que se esconden en el anonimato y los propios dueños de los medios de comunicación locales”. 

Otro informador, que solicitó anonimato, refirió sin rodeos la situación de los periodistas en Veracruz, y la razón que explica esa condición de calabozo para el quehacer periodístico. Dijo: “En Veracruz, la autoridad pública protege al criminal y persigue al periodista”.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=161024_100601_377

miércoles, 19 de octubre de 2016

Multitudinaria marcha de mujeres contra los feminicidios en Argentina

Fotos: Arsinoé Orihuela
Stella Calloni
La Jornada

Buenos Aires. Bajo una lluvia torrencial y reclamando “ni una menos, con vida las queremos” transcurrieron las históricas y multitudinarias marchas de mujeres, acompañadas por organismos humanitarios, movimientos sociales y políticos, en esta capital, en las capitales provinciales y en Mar del Plata, después del Paro Nacional de Mujeres, que abandonaron durante una hora sus lugares de trabajo en protesta por el incremento de los feminicidios en toda Argentina “y la violencia machista”. 

De acuerdo con las organizadoras de la jornada de protesta en este llamado “miércoles negro” participaron en más de 130 lugares en el país y el mundo, lo que agradecieron con emoción visible. “La convocatoria, que empezó en Argentina, en menos de una semana se multiplicó en Latinoamérica y en el mundo”, recordaron. 

La protesta se replicó en Chile, Bolivia, México, Estados Unidos, Uruguay, Honduras, Paraguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. en tres localidades de España -Alicante, Barcelona y Madrid- y Francia. 

A las 13:00 horas locales, miles de mujeres, la mayoría vestidas de negro dejaron su escritorio, su lugar de trabajo, las mesas de redacciones de diarios, noticieros de televisión y radios para cumplir una hora de Paro Nacional, el primero en la historia de Argentina y el mundo en rechazo a la violencia de género. 

El brutal asesinato de una joven de 16 años en Mar del Plata, víctima de violación y empalamiento fue como la gota que desbordó un vaso cargado de horrores, hecho que se produjo cuando se realizaba en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el Encuentro de Mujeres que culminó con una manifestación de la que participaron más de cien mil asistentes, que fue reprimida por la policía.. 

Cada 24 horas una mujer es asesinada por violencia de género en Argentina y cada segundo una mujer llama para pedir ayuda, que lamentablemente siempre llega tarde, a pesar de la lucha de los últimos años, en que se incorporó al código penal el femicidio como causa de muerte. 


Sólo en 17 días de octubre el femicidio se cobró 19 víctimas entre ellas la joven Lucía de Mar del Plta, Viviana,Beatriz, 22 años, (se encontró su cuerpo dentro de una caja); Natalia, 41 años, asesinada a puñaladas en su automóvil; Vilma, 86 años, estrangulada por su marido; Samantha 22 años, asesinada por su pareja; Alejandra, 49 años, quemada por su esposo y asi 12 femicidios en 10 días. 

“¿Seguimos con la lista o paramos de una vez?”, se preguntaban en la convocatoria y la respuesta fue “nosotras paramos” para dejar claro que “el machismo mata, pero la inacción del Estado también. Si somos suficientes los que alzamos la voz, podemos persuadir al presidente, el derechista Mauricio Macri que habilite inmediatamente el presupuesto específico para poner en marcha el sistema de alerta de protección a mujeres en riesgo”. 

Se escucharon en las calles centenares de testimonios de víctimas de violencia de género y también lo que sucede en el plano económico, con salarios más bajos que los hombres y otros temas que marcan la enorme desigualdad en la sociedad y en el tratamiento que dan a las víctimas de este tipo de violencia policías y jueces. Se denunció asimismo que los autores de estos crímenes, no pierden la patria potestad y hay muchos niños que son entregados a los asesinos de sus madres, cuando salen en libertad. 

En este contexto se conoció una reforma propuesta por el gobierno de Macri en el Congreso, que desaparece la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, entre otras similares. Durante el debate de este martes en el plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal, los legisladores de la izquierda y el Frente para la Victoria denunciaron que la iniciativa no mencionaba a las unidades fiscales de violencia contra la mujer, en el caso de la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) y la especializada en casos de apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado en la pasada dictadura (1976-1983). 

Esto sucede en el intento de debilitar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, sobre la que se ejerce una fuerte presión oficial para que renuncie, a pesar de su reconocido prestigio y de que su cargo es permanente, similar al de los magistrados de la Corte Suprema. La violencia de género se expresa en la persecución política y en la marcha miles de fotos de la dirigente social Milagro Salas, presa política de este gobierno desde enero pasado en la provincia de Salta fue el símbolo de esta situación.

miércoles, 12 de octubre de 2016

Duarte se va; la corrupción, la impunidad y la violencia se quedan.


Al igual que con la derrota del PRI en las pasadas elecciones para gobernador en Veracruz, la solicitud de licencia de Javier Duarte no parece entusiasmar a nadie, sobre todo porque se da en un contexto de violencia exacerbada por la disputa de los cárteles para ensanchar sus territorios y rutas de influencia así como las protestas de trabajadores del estado por falta de pago de salarios y prestaciones. Y ese contexto -al que habría que agregarle la corrupción y la impunidad sistemáticas- es consecuencia directa del vacío de poder por la permanencia de un gobierno desahuciado que ahora, sin dirección, si es que alguna vez la tuvo, profundizará la crisis política por la que estamos atravesando.


Las causas de la salida del gobernador tienen que ver con factores internos y externos. Entre los primeros destaca la serie de escándalos que permitieron calibrar el grado de corrupción del gobierno duartista, dejando al descubierto la manera en la que se operaba para desviar recursos públicos a los bolsillos de Duarte y su grupo. Las consecuencias del saqueo provocaron en los últimos días manifestaciones a lo ancho y largo del estado de Veracruz -destacando el caso de Xalapa en donde empleados públicos de diversas dependencias se vieron forzados a bloquear avenidas para hacer visible su protesta por la falta de pagos de salarios y prestaciones. Pero además, el incremento de levantones y asesinatos así como de la localización de fosas clandestinas aumentaron la presión que desembocó en solicitud de licencia del gobernador.


A lo anterior hay que sumar la negativa del gobierno federal de asumir el costo político que significó el encubrimiento de las corruptelas del gobierno duartista, al grado de que la oficina de la presidencia manipuló fotografías oficiales para evitar que apareciera el infame gobernador en actos oficiales junto al presidente. La derrota electoral del PRI en Veracruz fue la gota que derramó el vaso, desencadenando una serie de acciones de la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República e incluso el propio PRI y la cámara de diputados aunque con cautela, en espera del banderazo oficial desde Los Pinos. De cara a los procesos electorales de 2017 y 2018, el gobierno federal se ha montado, con el oportunismo que lo caracteriza, en el creciente desprestigio de Javier Duarte para lavarse la cara y recuperar en la medida de lo posible la imagen positiva un presidente devaluado e inoperante, dentro y fuera del país. ¿Habría pasado lo mismo si Duarte y el PRI ganan las elecciones pasadas en Veracruz?


En todo caso, la salida de Duarte del gobierno veracruzano no garantiza que se logre hacerle pagar por los crímenes que cometió. Y no me refiero sólo a las corruptelas y desfalcos en contra del erario público sino sobre todo los crímenes de lesa humanidad -en particular de desaparición forzada- que caracterizaron a su gobierno. La impunidad es y ha sido la marca registrada del gobierno de Peña, por lo que resulta difícil imaginar un proceso legal apegado a la ley. Parece mas probable el montaje de un circo mediático (encarcelar a figuras menores, etc.) sin consecuencias penales para un gobernante que se dedicó con empeño a saquear el estado no sólo en beneficio propio sino del presidente y su partido. No es casual que Duarte niegue rotundamente que los desvíos se hayan utilizado para financiar campañas políticas, empezando con la de Peña así como de candidatos a gobiernos estatales abanderados por el PRI o sus aliados. Fue gracias a eso que se ganó el afecto y trato especial del presidente y los halagos que le prodigó por años por su importante pero ilegal labor política.


Pero además, la salida de Duarte tampoco garantiza el fin del quebranto financiero del estado ni mucho menos la dinámica corrupta del gobierno estatal. La corrupción no es un defecto del sistema y las personas que lo dirigen. Es en realidad un componente estructural del sistema político mexicano que le proporciona estabilidad y márgenes de acción para refrendar lealtades y mantener la continuidad en la dinámica gubernamental y el modelo económico. De la mano viene la impunidad, que funciona como contraparte de la corrupción para hacerla posible. La corrupción sin impunidad no es políticamente rentable . Y luego está el tráfico de influencias, que mueve incluso mayores cantidades de dinero que los desfalcos y desvíos, lubricando la relación entre gobierno y empresas y aumentando el poder económico de los gobiernos para mantenerse en el poder con campañas sucias, compra de votos y una larga lista de mapacherías tan caras a nuestra clase política.


Peor aún, la violencia social que vivimos, alentada por la impunidad prohijada desde el poder difícilmente disminuirá ya que forma parte de un sistema económico dirigido a lograr mayores riquezas por medio del despojo y el saqueo de recursos naturales y humanos. El terror resulta una pieza clave para controlar el descontento y la protesta social provocada por el empobrecimiento generalizado y la pérdida de derechos y libertades. Por todo lo anterior y con profundo pesar no queda más remedio que aceptar que Duarte se va... pero la corrupción y la impunidad se quedan en Veracruz.

lunes, 3 de octubre de 2016

Colombia: el “sí” a la guerra es responsabilidad histórica de las élites

Resumen Latinoamericano
Otra vez el estribillo de la “guerrilla terrorista” y el epíteto antediluviano del “castro-chavismo” sofocaron la posibilidad de triunfo de un valor: la paz. Y otra vez la opinión pública, que no es pública y sí un opinionismo rústico, endosa la factura de la derrota a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). “El ‘no’ es un rechazo de los colombianos a la actitud de las FARC”, dicen los ignaros e incautos. Persiste el relato de la realidad colombiana en clave terrorista. Flagrante error de la dirigencia política en turno, que decidió someter intempestivamente a sufragio un proceso de paz, pero que no preguntó en otra época si los colombianos querían la guerra. El mundo al revés: deciden unilateralmente la guerra (que es un antivalor), y consultan a la población para la refrendación de la paz (que es un valor). El yerro consistió en “partidizar” apresuradamente los acuerdos. La apuesta de Juan Manuel Santos era refrendar ipso facto las negociaciones de paz con la impronta plebiscitaria, a fin de capitalizar electoralmente esa inercia, y condenar al uribismo a un ostracismo político. Irresponsabilidad inexcusable. Más cuando todos los medios de comunicación están atados programática e ideológicamente a la agenda del impresentable Álvaro Uribe. Es cierto que sólo votó el 37 por ciento del padrón. Pero también la abstención es responsabilidad de la élite política, que durante décadas se dedicó a sembrar odio, desinformación e indolencia entre la población. Triunfó el “sí” a la guerra porque es el humor social que han cultivado históricamente las élites colombianas. El uribismo es fruto de la guerra y de la convergencia de intereses oligárquicos en esa guerra. Las razones de la reciente disposición comicial (el “sí” a la guerra) no están en el liderazgo uribista –al menos no primeramente–, sino en las especificidades del conflicto colombiano, y en el predominio de ciertas clases sociales que se apoyan fuertemente en una lógica rígida de guerra para dirimir el conflicto político y neutralizar a la sociedad. 

La guerra es un componente primario de la política colombiana. En esa suerte de “omnivariable” se alojan las explicaciones de eso que la prensa llama “El ‘no’ a la paz”. 

En este sentido, la pregunta que todos formulan es por qué se impuso el “sí” a la guerra. Este artículo acude a cuatro claves explicatorias para responder esa pregunta. 

Las circunstancias de conflicto armado en Colombia justificaron tener un gasto militar elevado e ininterrumpido. Sólo por concepto del Plan Colombia, se estima que el gobierno colombiano aportó 4 mil millones de dólares. Por cierto, que, de ese monto, un porcentaje mayoritario correspondió a las erogaciones del primer turno presidencial de Álvaro Uribe. Cabe hacer notar que el gasto militar tiene un efecto anti-democrático, porque es un gasto que no es susceptible de fiscalización ciudadana. El gasto militar, por definición, está fuera del alcance del escrutinio público, y desplaza a la población de la arena pública. Por añadidura, el indiscreto encanto del militarismo infecta de autoritarismo a una sociedad. En la administración de Álvaro Uribe ese gasto aumentó extraordinariamente. Y Juan Manuel Santos prohijó ese dispendio como ministro de defensa de Uribe. Esa es una primera clave explicatoria. 

Una segunda clave explicatoria es que, a esa ponderación del gasto militar anti-democrático, se sumó una campaña de criminalización de la protesta social. En la administración de Uribe, esa satanización-criminalización se hizo extensiva a la totalidad de la oposición política, incluidos los actores formales e institucionales. Fue una intensa operación propagandística que tenía como propósito desautorizar a cualquier agrupación de la izquierda. Eso derechizó profundamente a la sociedad colombiana. 

Por añadidura, en el marco de la gestión uribista, el gobierno propuso la Ley 975 de “Justicia y Paz”, aprobada en 2005. En la práctica, esa ley proporcionó un instrumento jurídico de amnistía y reducción de penas para los grupos paramilitares, y puso en evidencia el doble rasero de las negociaciones de paz: firmeza contra la guerrilla, indulgencia con los ejércitos paraestatales. El rigor de “la ley y el orden” que, por un lado, exhibió el uribismo contra la insurgencia popular, y la negligencia, omisión o connivencia que, por el otro, mostró en relación con los grupos paramilitares, es una prueba fehaciente de eso que en las estimaciones de las élites gobernantes se entiende por “Justicia y Paz”. La impunidad que envolvió a la acción paramilitar es una tercera clave explicatoria. Gina Paola Rodríguez, politóloga colombiana, advierte: 

“Las condiciones obtenidas por los paramiltares en el proceso de desmovilización abierto por la Ley de Justicia y Paz dieron una muestra fehaciente del tratamiento preferencial del que eran objeto en tiempos de Uribe. La negociación de su gobierno con los paramilitares arrojó más déficit que ganancias por convertirse, con intención o no, en un proceso proclive a la asimilación y convalidación de las redes mafiosas, sus economías y zonas de influencia política antes que a la verdad, justicia y reparación de las víctimas” (Rodríguez, 2014). 

La cuarta clave explicatoria es la formación de un imaginario ciudadano contrainsurgente, que está entretejido con los procesos antes referidos, pero que ha seguido su propio decurso a través de los medios de comunicación y los discursos esgrimidos en la arena púbica. Carlo Nasi, profesor de la Universidad de los Andes, describe esa percepción social: 

“Para muchos ciudadanos del común, frente a una guerrilla que no ha hecho más que engañar en las negociaciones, causar un daño creciente… sólo existe una respuesta apropiada: derrotarlos completa e incondicionalmente. En esto, Uribe ha sido hábil en interpretar (y potenciar) un deseo colectivo” (Nasi, 2007). 

Es cierto. Pero lo que no dice Nasi es que ese “deseo colectivo” no es natural: es una fabricación en cuyas fibras reposan los contenidos de la política de guerra, tan largamente alimentada por las élites en Colombia. El modelo de publicidad política en ese país se alimenta de ese longevo escenario bélico, cuya conflictividad real ha sido ficcionalizada en desmedro de la guerrilla y de los actores políticos de oposición. Y el resultado de esa gigantesca campaña propagandística es una derechización recalcitrante de ciertos sectores de la sociedad. La política de “seguridad ciudadana” de Álvaro Uribe es el epifenómeno de ese continuum. Antonio Navarro Wolff, exmilitante del grupo armado insurgente M-19, escribe: 

“La política de seguridad centra sus esfuerzos en el terreno militar y policial. Su objetivo principal es el fortalecimiento de la fuerza pública, continuando lo que había empezado cuatro años antes, en términos de aumentar el pie de fuerza de las instituciones militares y policiales, incrementar el total de soldados profesionales, desplegar unidades policiales a todos los municipios del país, y metas similares. Si bien en ella se menciona la necesidad de participación ciudadana, el énfasis está puesto en la cooperación ciudadana para conseguir información que sirva para labores de inteligencia y la realización de operaciones contrainsurgentes. O sea, se trata de una cooperación ciudadana como elemento de guerra con una visión de corto plazo” (Navarro, 2005).

Max Yuri Gil, del centro de investigación Corporación Región, ilustra con precisión ese imaginario ciudadano tan hondamente naturalizado en Colombia: 

“Con el cuento de que tenemos un enemigo, esta sociedad ha sido diezmada, intimidada, se ha vuelto una sociedad muy autoritaria, muy favorable a la eliminación de todo lo que consideran una amenaza, así sea un niño de la calle, un desplazado, un habitante de calle, un drogadicto. Aquí hay una acción de asesinato, y la gente dice ‘ah, mejor’. Eso es limpieza. Es terrible lo que eso significa. Esto ha jugado un papel crucial en la construcción de lo que uno puede llamar una ‘sociedad contrainsurgente’ y una sociedad autoritaria. Una sociedad contrainsurgente porque todo lo que le suene a guerrilla hay que eliminarlo: sindicatos, partidos políticos de izquierda, asociaciones estudiantiles. Todo lo que le suene a izquierda hay que exterminarlo. Y todo lo que les parezca que afea a la sociedad. Pero es un discurso hipócrita, porque esos que justifican matar al niño de la calle, ante los grandes ladrones del capital financiero jamás alzan la voz, ni dicen vamos a matar a los empresarios corruptos. Nada de eso. Eso les parece que es ser muy listos. En cambio, ese otro, ese marginal, esa es la carne de moler del sistema penal colombiano”. 

A la pregunta que todos hacen (¿por qué triunfó el “sí” a la guerra?), cabe responder, apartados de las ficciones liberales o politológicas instrumentales, que las determinantes esenciales de la realidad política colombiana, incluido el reciente revés plebiscitario, descansan en la guerra y su correlato social: la “sociedad contrainsurgente”. 

La condición de posibilidad de una paz auténtica en Colombia estriba en la desactivación de las fibras contrainsurgentes que impregnan la política y la sociedad colombianas. El “no” a la paz es una oportunidad para profundizar esa lucha y desmontar ese dispositivo.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=161006_093057_448

sábado, 1 de octubre de 2016

A 24 meses sin los 43: Bitácora de la visita de Cristina Bautista a la Argentina

C5N con Víctor Hugo Morales

Hispan TV

Fundación Ceferino

Página 12

El Tiempo

Abuelas de la Plaza de Mayo
FM Futura

EnREDando

FM La Tribu
Radio Semilla

La Imposible

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