jueves, 20 de agosto de 2015

La neodictadura mexicana: terrorismo de estado y democracia liberal.


Al igual que las dictaduras militares en Latinoamérica en los años setenta -esas que eran vistas desde México como algo lejano y ajeno a la herencia de la revolución mexicana- la neodictadura mexicana que hoy vivimos, en medio de una guerra civil sin freno, tiene la finalidad de sembrar el terror entre la población como estrategia de control social para imponer el modelo de explotación salvaje, sin importarle a los empleados del capital el altísimo costo social y la pérdida efectiva de derechos civiles, económicos, políticos y culturales.

Comparte esta neodictadura con las dictaduras de los setenta su desprecio por la vida y la dignidad humanas, por la aplicación sistemática de la tortura y los delitos de lesa humanidad, por la criminalización de la protesta, por el exilio impuesto, por el cinismo rampante, por el sometimiento de los medios de comunicación, por el despojo y el robo permanente, por la glorificación de las fuerzas armadas y sobre todo la ambición desmedida por el dinero. Pero a diferencia de las dictaduras hoy puestas en la picota judicial en países como Argentina o Chile, la neodictadura mexicana echa mano de la democracia liberal -despreciada por Videlas o Pinochets- para cubrir con el manto purulento de la libertad política los horrores de una guerra civil emprendida desde el estado y apoyada por bandas paramilitares a las que se les “concesiona” -a cambio de las comisiones de rigor para los representantes surgidos de elecciones libres, las cuales serán utilizadas para comprar elecciones y enriquecerlos sin límites- el manejo de las drogas, la trata de personas, el comercio de órganos, la prostitución infantil, el robo de autos, el secuestro, la ordeña de los ductos de Pemex, el contrabando de armas y lo que se acumule. La relación entre el estado mexicano y los narcotraficantes no es entonces una casualidad o una daño colateral: es una alianza estratégicamente diseñada para mantener el saqueo y la contención de la protesta social.

El argumento utilizado por Felipe Calderón y burguesía mexicana para justificar la salida de los soldados de sus cuarteles -para realizar actividades policiacas que por ley corresponden a los civiles- fue un golpe de estado “legal” que en lugar de disminuir la violencia provocada por la delincuencia organizada tuvo desde entonces la finalidad de contener la protesta social. En la hoja de ruta marcada desde Washington para mantener a México como su patio trasero, estaba contemplada la posibilidad de que, ante la intensificación del saqueo de recursos naturales y la concomitantes pérdida de libertades civiles y políticas, sería necesario definir una estrategia de contención de las protestas que las comunidades indígenas y la población más afectadas organizarían para sobrevivir.

Un ejemplo reciente de lo anterior es la solicitud de Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, para que las fuerzas armadas ocupen Oaxaca, junto con los miles de policías federales que ya acampan en plena calle del centro de la capital de ése estado. El llamado no es para enfrentar una crisis por la violencia del narcotráfico sino la supuesta amenaza que representa la sección 22 del magisterio para los intereses de la oligarquía local y nacional. Y no precisamente en el ámbito educativo -todos sabemos que a los poderosos del estado y en particular a la derecha aglutinada en Mexicanos Primero, encabezada por un empresario como Claudio X. González, no les preocupa en lo absoluto el futuro de la niñez en Oaxaca o de cualquier parte de la república. 
 
El caso oaxaqueño representa un ejemplo fehaciente de las características fundamentales de la neodictadura mexicana. Gabino Cué llegó al poder arropado por una coalición de partidos políticos de oposición al sempiterno PRI y con el compromiso de enjuiciar a Ulises Ruiz por sus abusos y corruptelas que provocaron el surgimiento de la comuna oaxaqueña en 2006, aglutinada alrededor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La primavera oaxaqueña duró poco y a pesar de que la APPO fue la columna vertebral del apoyo electoral para lograr la anhelada alternancia política, Gabino Cué cierra su sexenio echándose en los brazos del gobierno federal para imponer la reforma laboral de la educación y de paso allanarle el camino al PRI para que regrese al gobierno del estado el próximo año. Y para ello coloca en la misma balanza la defensa de los derechos laborales con la amenaza del narcotráfico a la seguridad nacional. 
 
Otro caso que se ajusta a las premisas señaladas arriba como anillo al dedo es el del estado de Veracruz, en donde el gobierno encabezado por Javier Duarte ha sido sometido a una fuerte presión por parte del movimiento estudiantil así como de organizaciones defensoras de derechos humanos, de campesinos en defensa de sus recursos naturales y de periodistas que se han atrevido a publicar información que evidencia la corrupción y el contubernio entre gobierno y delincuencia organizada. Los crímenes en la colonia Narvarte o la golpiza a los estudiantes de la Universidad Veracruzana son sólo los actos de violencia más recientes. Pero a ellos hay que agregar la compra de voto en las elecciones, el saqueo del erario público para, como dicen altos funcionarios del gobierno estatal, impulsar el crecimiento económico mas una larga lista de agravios a la población que gozan de sistemática impunidad, entre los que destacan el asesinato o desaparición de periodistas. Todo ello en medio de una proceso de militarización que ha provocado el fortalecimiento de los mandos castrenses en la configuración de las políticas estatales de seguridad pública.

Los dos casos en cuestión confirman y evidencian que la militarización es un proceso encaminado a sofocar y contener las protestas sociales provocadas por el empobrecimiento generalizado de la población y la pérdida de derechos civiles y políticos. La militarización no es para controlar al narcotráfico sino para someter a la población que protesta y se rebela. Ésa es la razón por lo que la mayoría de los muertos están entre la población civil, sean o no sospechosos de narcotráfico, el cual sigue gozando de buena salud, diversificando su producción y sus mercados, mezclándose cada vez mas con el poder,convirtiéndose en un actor político más poderoso que los partidos políticos.

El terrorismo de estado como destino, la democracia liberal como ilusión. Esa es la razón por la cual los ministerios públicos y en general el sistema judicial ha sido constantemente señalado como obstáculo para realizar investigaciones que den con los culpables. Porque el culpable es el estado mexicano. Todas sus instituciones trabajan en favor de la 'limpieza social' -entendida como la desaparición de la oposición real, la crítica y el diálogo permanente entre los integrantes de la sociedad- para favorecer los intereses del capital. Y si para lograr éste objetivo es necesario una guerra civil que así sea, pero eso si, con la democracia liberal y la hipócrita defensa de los derechos humanos por delante. Las dictaduras militares de los años sesenta y setenta en Latinoamérica sobrevivieron a lo mucho un par de décadas. ¿Cuánto sobrevivirá la neodictadura mexicana?

domingo, 16 de agosto de 2015

El río Colorado estadunidense/mexicano se trasmuta en anaranjado por toxicidad de las minas


El pasado 5 de agosto sucedió un extraño accidente, cuya causal no ha sido elucidada, por un grupo empresarial inepto –contratado vía outsourcing (maquila) por la Agencia de Protección (¡supersic!) Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)–, que destapó un reservorio de agua tóxica en una parte de la mina Gold King y provocó la contaminación del arroyo Cement Creek que fluye al cercano río Ánimas, tributario del río Colorado binacional estadunidense-mexicano (sic), trasmutado en un asombroso color anaranjado.

Para no variar, fue el atroz outsourcing de la empresa depredadora de nombre cómico Environmental (sic) Restoration (sic) LLC, con sede en St. Louis, agraciada por el desregulado contractualismo de la EPA, lo que provocó la catástrofe fluvial.

¿Quién regula todo el proxenetismo dual entre entidades públicas y las hetairas del mercado, que los neoliberales denominan outsourcing: vulgar coyotaje desregulado con licencia para contaminar?

La mina Gold King, desactivada en 1923 (¡hace 92 años!), se ubica al norte de la ciudad de Durango (EU), cerca de la frontera de Nuevo México.

El río Ánimas mide 203 kilómetros y es tributario del río San Juan, a su vez parte del sistema del río Colorado que abastece a 25 millones (¡supersic!) de personas a los dos lados de la transfrontera e irriga 3.5 millones de hectáreas agrícolas.

La oficina del sheriff del condado La Plata fue obligado a cerrar el río al público después del accidente de los ineptos contratistas del outsourcing de la EPA cuando 11.3 millones de litros de desecho minero contaminaron el arroyo Cement Creek que se vierte en el hoy anaranjado río Ánimas.

La flora y la fauna del río se encuentran en alto riesgo (http://goo.gl/xHHWl1), mientras la desinformativa EPA ha sido obligada a rectificar que la derrama tóxica es tres (¡supersic!) veces mayor a sus subreportadas estimaciones.

La toxicidad fluvial “amenaza entrar al lago Powell (Utah) que abastece amplias partes del sudoeste de EU con agua bebible (http://goo.gl/Vkh8I8)” y según Al Jazeera America, los más de 11 millones de litros tóxicos “amenazan a los estados vecinos (http://goo.gl/EmkeiY)”.

¿Incluyen a los estados mexicanos de Baja California (BC) y Sonora, cuyos gobiernos están instalados en la catatonia ambiental?

Max Costa, jefe del departamento de medicina ambiental de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, afirma que los niveles de intoxicación son alarmantes: mercurio 10 veces superior a los niveles aceptables por la EPA; berilio y cadmio 33 veces más, y arsénico 800 veces mayor.

La exposición a estos elevados niveles de metales tóxicos puede causar una gama de problemas médicos desde el cáncer pasando por enfermedades renales hasta daños al desarrollo de los niños.

Los granjeros de Nuevo México han cesado de retirar el agua del río, lo cual podría significar enormes pérdidas a sus cosechas a lo largo del río San Juan que provee su irrigación (http://goo.gl/T9UTSx).

Por el momento 400 mil personas han sido advertidas de no retirar el agua en Ohio y varias ciudades en Nuevo México se encuentran en alto riesgo conforme avanza la contaminación en su trayecto a la transfrontera con México.

¿Por qué nadie ha dicho nada al respecto en el México neoliberal itamita?

Los gobernadores de Colorado y Nuevo México han decretado el estado de emergencia, mientras los imprudentes directivos de la EPA, de cultura inmediatista y cortoplacista, tienden a minimizar los daños cuando nunca contemplan las consecuencias a la salud humana ni a la flora/fauna, en los plazos mediano y largo (http://goo.gl/B4d97m).

La cifra asignada de medio millón de dólares para paliar la catástrofe ambiental por el gobernador de Colorado, del Partido Demócrata, John Hickenlooper, es ridícula ante el estado de emergencia.

Uno de los problemas deriva que hasta finales de la década de los 70 del siglo pasado no existían regulaciones en la minería en la mayor parte de la población y los expertos estiman que existen 55 mil (¡supersic!) minas abandonadas desde Colorado pasando por Idaho hasta California, cuando las autoridades federales y estatales luchan limpiarlas (sic) durante décadas. ¡Este es un tema transcendental: la desregulación neoliberal en las minas y el contractualismo depredador de su inimputable outsourcing!

¿Cómo andarán las cosas en el México neoliberal itamita tan despreciativo del cuidado ambiental: una absurda externalidad incontable para las atroces leyes del mercado?

¿Cuándo convertirá la dictadura economicista global a la externalidad ambiental en internalidad para descontar los daños a la biósfera?

Se supone que la EPA fue creada para proteger (sic) la salud de los humanos y el ambiente: cuenta con casi 16 mil empleados y ostenta un presupuesto anual de 7 mil 901 millones de dólares.

La EPA, no se diga la contratada empresa privada agraciada por el desregulado outsourcing, no dice ni pío en su página oficial sobre su iatrogénico “accidente (http://www.epa.gov/)”.

El líder de la comunidad indígena Shiprock, de la reserva de los navajos, aduce que el daño al agua de su nación va más allá del dinero.

La nación navajo se ubica entre los estados de Nuevo México, Arizona y Utah, y su líder anunció que entablará un juicio a la EPA debido al impacto destructivo a los ecosistemas alimentados por el río San Juan del que depende su cultura indígena.

Para la tribu navajo –que vive hoy en estado luctuoso de choque ambiental– el agua es mucho más que un asunto economicista y forma parte de su cosmogonía espiritual.

Los depredadores neoliberales de Wall Street y sus mineros se han de morir de risa de la idiosincrasia de los navajos.

The Economist comenta que EU posee mas de 5.6 millones de kilómetros de vías acuíferas naturales cuya situación es lamentable. De acuerdo con la más reciente Evaluación de los ríos y arroyos nacionales, más de la mitad (¡supersic!) se encuentra en condiciones deplorables, debido a la contaminación (http://goo.gl/Z0nRso). ¿Cómo estará la evaluación análoga, en caso de existir, del México neoliberal itamita?

El neoliberalismo transfronterizo no aprende de sus cataclísmicos errores ambientales: desde el crimen de BP en el Golfo de México (http://goo.gl/lP19tl) hasta la corrupta privatización del agua de la fétida ley Korenfeld de Conagua (http://goo.gl/Eukjrg).

Es espeluznante que quienes deban proteger el ambiente propicien la contaminación tóxica de los ríos por accidentes y fallas humanas que no cotizan en Wall Street.

El río Colorado, de 2 mil 333 kilómetros de extensión, trasmutado en anaranjado por el desregulado outsourcing neoliberal, es estadunidense-mexicano: nace en las Montañas Rocosas (Colorado) y desemboca en el golfo de California (México), después de atravesar cinco estados de EU –Co­lorado, Utah, Arizona, Nevada y California– y dos estados de México: BC y Sonora.

¿Estarán enterados los gobernadores de BC y Sonora, no se diga el gobierno federal del devaluado México neoliberal itamita, cuando la barbarie antiambientalista y su desregulado outsourcing descuartizan la transfrontera?

¿Utopía?

Camilo González 

“Y para el tamaño de los retos de México, no importa lo que se haga, nunca será suficiente para trabajar más a favor de los mexicanos”, decía Carlos Salinas en la famosa entrevista con Jorge Ramos. A pesar de que la segunda parte de la frase es casi ininteligible y no se sabe si la pronunció en un sentido positivo o negativo, la primera parte sí que se entiende: “El tamaño de los retos de México”.

Tampoco sabemos a cuáles retos se refería el expresidente durante esa entrevista, pero lo cierto es que año con año se nos acumulan dos o tres nuevos retos de buen tamaño. Que el país ya no va a crecer. Que el peso se nos volvió a desbarrancar. Que se escapó el que tenía que estar adentro y que está adentro el que no tenía que estar ahí.

En suma, el ciudadano mexicano ya no sabe si seguirles llamando “retos” o ya de plano dejar de lado el eufemismo para decirles “problemas”, porque el reto parece evocar algo que uno se propone superar, y un problema es algo en el que de repente uno ya está enredado.

En 2015, México tiene una población de alrededor de 120 millones y contando. Es, al mismo tiempo, una sociedad muy desigual en la que un pequeño sector de la población controla gran parte de los recursos y la mayoría se tiene que repartir el resto de una u otra forma. Al igual que el número de habitantes, el índice de desigualdad (que podría equipararse al coeficiente de Gini) no está congelado ni estático: está aumentando. Es decir, cada vez hay más pobres y los que ya eran pobres, son cada vez más pobres. Y cada vez hay menos ricos, y los que todavía son ricos son cada vez más ricos.

En un espectáculo bizarro, la miseria coexiste con la opulencia en el enorme escenario del territorio nacional y en medio de sus pantagruélicos recursos naturales. Para dimensionar, Austria, una de las sociedades más prósperas de Europa y con un nivel de desigualdad mucho, mucho menor al de México, tiene sólo 8.5 millones de habitantes.

En la Utopía de Tomás Moro me encontré con pasajes en que el célebre filósofo habla de las corruptas sociedades europeas del Renacimiento. Es curioso, pero en cada párrafo en que se describen los problemas de la Inglaterra y de la Francia del siglo XVI se asoma México entre líneas. En verdad resulta sorprendente la similitud de algunas situaciones políticas y sociales que se describen en este libro de hace cinco siglos y lo que vemos en el periódico hoy en día.

Por último, ¿qué es una distopía? Pues al contrario de una utopía, es una sociedad indeseable. Partimos de la premisa de que tanto la utopía como la distopía son ficticias y de algún modo “irrealizables”, pero en la realidad esto parece aplicar únicamente a la utopía, que nunca se cumplió en rincón alguno del globo terráqueo. No así la distopía, que vemos cumplirse día a día en las noticias.

La conspiración de las vacas

Camilo González 

La alimentación de los humanos requiere de la proteína, que sobre todo por tradición, extraemos de la carne de los animales. No soy un vegano consumado ni un defensor a ultranza de los derechos de los animales, pero sin lugar a dudas me preocupa la posibilidad real de que los alimentos, en un tiempo corto, se esfumen.

Mi infancia fue profundamente aleccionadora. Viví varios momentos importantes en estos cambios de mentalidad: la llegada del internet fue para mí algo novedoso, en la primaria. Ya desde entonces ha formado parte de mi vida cotidiana. Después, me tocó vivir una de las primeras privatizaciones del sistema público de agua. De igual manera, en aquellos años, recuerdo que entre la casa, la escuela y las amistades discutíamos que el agua mayormente se destinaba a los ranchos ganaderos, y posteriormente, se distribuía en la población humana. En aquellos años me parecía sorprendente, pero la fuente era digna de escucharse, ya que entre varios amigos se encontraban los dueños de algunos de los ranchos más importantes del bajío (por ejemplo, de aquellos terrenos de La Huerta que congela verduras o del grupo San Marcos, sin lugar a dudas de los emporios lecheros del país).

El caso es que ahora sabemos con certeza que con la cantidad de grano y agua que requiere toda la producción mundial de carne podríamos alimentar a toda la humanidad, teniendo como base de nuestra dieta a los granos. Además, la producción carne no tendría por qué desaparecer, simplemente disminuiría, lo que nos permitiría mejorar la calidad del producto, evitando los ranchos insalubres donde miles de cabezas de ganado reciben alimento alterado genéticamente y que acaban con el agua para el consumo humano.

Esta nueva concepción de la producción orgánica no es nueva. Ya en Estados Unidos la cadena Whole Foods es lo bastante extensa para abarcar un mercado exigente a lo largo y ancho de la mole del norte. Como consumidores, y habitantes de un estado como Veracruz, deberíamos ser exigentes: nuestros productos agrícolas deberían llenar la mesa de los veracruzanos, y sin lugar a dudas, deberían competir en el mercado internacional. De igual manera, nuestro consumo de proteína vegetal (como la moringa o el alga espirulina) debería aumentar.

La manera en que tratamos a nuestros animales definitivamente afecta nuestra digestión. No espero que nadie deje de comer carne (yo mismo disfruto un buen corte) pero si es importante tomar conciencia que una alta ingesta de carne, requiere de un alto costo en cuanto a granos y agua, que bien podrían satisfacer la demanda de alimento a escala mundial, si considerásemos disminuir un poco la carne nuestra de cada día. De igual manera, la manera sanguinaria conque se acaba con la vida de los animales es brutal, lo que provoca asco a cualquiera que lo haya visto. Y no se trata de cambiar a la res o al puerco por los mariscos, ya que el mar sufre el mismo daño por la constante pesca y contaminación.

Una propuesta novedosa para gobernar a un pueblo como Veracruz, debería atajar de frente y con conciencia el problema de la producción alimentaria. También, generaría programas productivos, facilitaría la distribución de los productos originarios del estado y fomentaría su consumo.

viernes, 7 de agosto de 2015

Nadia y Rubén: “Nos están aniquilando”

No asombra. Duele e indigna a rabiar. Veracruz es una historia sin fin de agresiones contra la población, señaladamente contra lo más admirable de esa población: activistas, académicos, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos. Con Digna Ochoa (egresada de Derecho por la Universidad Veracruzana) se inaugura una usanza atroz en Veracruz: matar y hacer notar que acá en la costa del Golfo se mata sin reparos (aún cuando los crímenes se ejecuten fuera de su terruño). Transcurrieron algunos años y no pocos muertos (recuérdese el otro caso mediático de Regina Martínez, egresada de Periodismo por la Universidad Veracruzana) para que el país y el mundo descubrieran que Veracruz es un calabozo, cuidadosamente orquestado desde las estructuras formales del poder público. Todavía algunos incautos prefieren creer que se trata de hechos aislados o penosas coincidencias. Tomar conciencia de que una autoridad agrede por deporte, oficio o vocación es anímicamente insoportable. El subterfugio de la “coincidencia” es un antídoto que alivia la angustia provisionalmente. Pero Rubén Espinosa Becerril (colaborador de la revista Proceso, excompañero de Regina Martínez) y Nadia Vera Pérez (egresada de Antropología por la Universidad Veracruzana) –las más recientes víctimas de ese leviatán veracruzano– no son casos judiciales inconexos: murieron por el fuego criminal de un poder público que no admite siquiera una contestación o réplica palabraria. Hasta la palabra sin fines de lucro es inaceptable para ese poder. 

La denuncia no derroca gobiernos ni remueve estructuras socioeconómicas. A lo mucho señala la podredumbre de una fuente de autoridad o previene acerca de los abusos que frecuentemente acompañan al ejercicio de poder. Pero en Veracruz esa práctica básica es una herejía meritoria de persecución, tortura, y no pocas veces la muerte. El mensaje es claro: no se tolerará ni un connato de crítica, y el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas. No sin razón alerta Julio Hernández: “El modelo Veracruz se extiende, agravado”. Tampoco exageraron Nadia y Rubén, cuando sostenían en foros públicos que en Veracruz “nos están aniquilando”. Ellos salieron huyendo del clima de violencia, hostigamiento e inseguridad que priva en el estado. La violencia homicida los alcanzó en su fallido refugio. La razón les asistía: “nos están aniquilando”

La práctica crítica, a través del activismo o el periodismo, es un quehacer con altos contenidos de letalidad en Veracruz y en México. Rubén y Nadia tenían en un rasgo común con otras figuras de la resistencia: no recularon ante la disyuntiva intimidatoria de “plata o plomo”, que es la fórmula de alineamiento más socorrida por el poder y sus esbirros. Además que esa formación ético-política maduró durante su estancia en Xalapa. En esa ciudad capital veracruzana, Rubén y Nadia condenaron resueltamente la barbarie institucional, y acompañaron con compromiso firme el largo ciclo de protesta que arrancó con la movilización en contra del alza a la tarifa del transporte público, y que en su curso recorrió varias luchas (movimiento por la paz con justicia y dignidad, marchas anti-EPN, movimiento #Yosoy132, movilización popular magisterial, jornadas de acción por Ayotzinapa) hasta arribar a la consolidación de una asamblea-movimiento estudiantil que tanto incomodó e incomoda a la camarilla de poder en turno, y en cuya incomodidad presumiblemente se incuba la fuente explicatoria de los últimos atentados criminales contra ese grupo de estudiantes activistas: a saber, el brutal ataque a ocho alumnos de la Universidad Veracruzana el pasado 5 de junio (peligrosamente equiparable con el modus operandi de la represión en Ayotzinapa), atribuido a una banda parapolicial “presuntamente al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública”, y el reciente multihomicidio en la colonia Narvarte, en la ciudad de México, que acabó con la vida de Rubén y Nadia. 

No basta con denunciar la corrupción e impunidad que campea a sus anchas en el país. Ya casi no es noticia la obstinada presencia de esos flagelos virulentos. Esa situación impresentable no cejará por una mera cuestión de voluntades institucionales. Urge más bien alertar acerca de cuan inerme está la población civil, y de cuan imperioso es desarrollar anticuerpos con base en la organización para frenar la espiral de violencia, crimen e inseguridad que desde el poder y las instituciones formales se cultiva entusiastamente. 

Que la investigación pericial escamotee el elemento político de la ecuación indagatoria es sintomático de esa indefensión de la sociedad ante un poder embriagadamente tiránico. Por la memoria de Rubén y Nadia, corresponde demandar organizadamente que el crimen no se trate como un asunto judicial desprovisto de motivaciones políticas. No es una tarea menor. Del resultado de esa asignatura política depende el futuro de nuestra generación. No se debe minimizar la advertencia de Rubén y Nadia: “nos están aniquilando”. 

Mis condolencias a las familias de Rubén y Nadia. Ejemplares personas, en cuyo admirable camino tropezaron con el brazo homicida de un poder criminal. 


martes, 4 de agosto de 2015

"Pórtense bien"


Una posible explicación de la masacre perpetrada el viernes 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en esta capital, fue proporcionada con un mes de antelación por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en un discurso que pronunció en Poza Rica: "Lo digo con total conocimiento de causa: lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos, con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos... Lamentablemente, algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos. Y también están expuestos ante esta situación". Así lo dijo, ante comunicadores de la localidad que fueron congregados para escuchar al mandatario, quien no tuvo reparos en presentarse como una víctima de las circunstancias:

"Se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes al que crucifican es a mí. Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes de alguna o de otra manera tienen una vinculación con estos grupos. Que nos hagamos como que la Virgen nos habla es otra historia. Pero todos sabemos quiénes tienen vínculos, quiénes están metidos con el hampa. Pórtense bien, por favor..." Y luego, "con toda sinceridad", ofreció protección: "quienes sientan que tienen algún riesgo, búsquennos, para poder protegerlos, para poder cuidarlos. Quienes verdaderamente no tienen ningún vínculo, y se los digo con toda claridad, no tienen nada de qué preocuparse. Pero quienes sí, preocúpense, porque vamos a sacudir, les repito, vamos a sacudir fuertemente el árbol".

De esa manera, Duarte de Ochoa lanzó un ataque preventivo en contra de la honorabilidad de las siguientes víctimas de la persecución contra periodistas en Veracruz: si algo les pasa es porque tienen nexos con la delincuencia. Él, Duarte de Ochoa, es inocente: "si algo les pasa a uno de ustedes, repito, su familia la va a pasar muy mal, van a sufrir, los van a llorar, pero al que van a crucificar es a mí, al que van a acusar es a mí, cuando yo, como dicen, ni vela en el entierro tengo".

Luego hizo alusión a la manera en que actúan los criminales: "son gente mala; son gente que no tiene principios, que no tiene valores, que en algunos casos ni siquiera el dinero es lo que los mueve, sino el poder, y no les importa machacar ni pasar por encima de nadie... Son gente que no tiene corazón, no tiene alma; en muchos casos hasta parecen animales..." (http://is.gd/tASi5D).

La alusión a "machacar" y "pasar por encima" recordó a varios de los presentes la muerte de Juan Mendoza Delgado, director del portal Escribiendo la verdad, y quien fue capturado y atropellado (en ese orden) por desconocidos. Ahora, esa gente que "no tiene corazón" evoca el comportamiento del comando de ejecución que se introdujo en el departamento de la calle Luz Saviñón, sometió a las cinco personas que allí se encontraban, las torturó, violó a las mujeres y luego mató a los cinco con disparos en la cabeza.

El guión es casi perfecto: como ocurre con los 13 o 14 informadores caídos en Veracruz en los cinco años que lleva Duarte en el poder, si Rubén Espinosa Becerril fue asesinado en forma bárbara es porque alguna relación tenía con la delincuencia organizada. Si no, no habría tenido "nada de qué preocuparse".

Ya en 2012 la procuraduría estatal había explicado los asesinatos de los trabajadores de medios Ana Irasema Becerra, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez, cuyos cuerpos fueron abandonados en bolsas en un canal de aguas negras en Boca del Río, como represalia por haber sido “los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los zetas”. De esa manera el duartismo buscó aplicar la teoría de se matan entre ellos del calderonato al ámbito de los informadores. Así se esclarecen muchos asesinatos de un solo golpe porque víctimas y victimarios son la misma cosa.

Un problema es que la antropóloga y activista Nadia Vera Pérez, una de las asesinadas en la Narvarte, responsabilizó hace ocho meses a Duarte y a su gabinete "de cualquier cosa que pudiera sucedernos" porque, dijo, "son los que están mandando directamente a reprimirnos" (http://is.gd/mm1qMO). En cuanto a Espinosa Becerril, desde el 15 de junio se hizo público que había debido salir de la entidad (http://is.gd/jhmybY), y el 9 de julio el propio fotógrafo relató in extenso en una entrevista la persecución de que era víctima por el gobierno estatal (http://is.gd/KjgQUg).

Tales antecedentes ponen en un grave problema a los gobiernos de Enrique Peña y de Miguel Mancera porque ambos fueron escandalosamente omisos en su obligación de preservar la integridad de los asesinados. Será tal vez por eso que el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, sospecha que se trató de un caso de robo y no ve ningún elemento para que la procuraduría federal se moleste atrayendo el caso. En cuanto a Javier Duarte, parece ser que tuvo la precaución de autoexculparse un mes antes y de ofrecer pistas clarividentes de lo que habría de ocurrir el 31 de julio en un departamento de Luz Saviñón 1909, colonia Narvarte: según sus propias palabras, el gobernador sabe, "con total conocimiento de causa", que "la delincuencia tiene puentes, nexos, con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos..." y uno que otro periodista de esos que "no se portan bien".

La participación ciudadana

Camilo González

La participación ciudadana es un concepto liberal. Esto quiere decir que le es común a aquellos pensadores como Voltaire, Rousseau y más para acá Weber o los politólogos alemanes y yankis de la posguerra (Habermas, Almond y Verba).

Pareciera mentira, pero esto es ampliamente significativo en nuestras vidas cotidianas.

Si comparamos a la participación ciudadana con la opinión pública, podríamos decir que son conceptos que nacen más o menos en la misma época, y que tienen más o menos a los mismos pensadores fundamentales. Y también podríamos decir que ambas (la participación y la opinión) son derechos y fomentan actividades que ejercemos día con día, y que ya cada vez menos tienen algún valor ético o político debido al desprestigio en que la corrupción ha sumido a todas las actividades nacionales (sí, desde el futbol y las votaciones hasta el periodismo y la academia).

En esta concepción liberal del mundo, el ciudadano ejerce con libertad sus actividades que le proveen alimento y casa, por supuesto, pero más allá de eso, la posibilidad de industrializar su producción a través del acceso a capital, que por cierto, solamente el 3 por ciento de la población mundial acapara. Así que desde la concepción misma, es imposible que todos los ciudadanos tengan el mismo capital que tienen unos muy pocos ciudadanos. Y por ende, también aunque estén manifiestos los derechos, muy pocos en verdad pueden ejercerlos.

De esta manera, se han consolidado en los últimos años (los primeros del siglo XXI sobre todo) grandes individuos que representan en realidad a grandes corporaciones. De esta manera, tanto la producción de alimentos como la prestación de servicios ha pasado cada vez más a manos privadas, dejando las labores del gobierno en unos cuantos asuntos nimios como el patrullaje de las calles o la contención de los hambrientos.

Estas ideas liberales fueron apabulladas con el nacionalismo de la primera mitad del siglo XX. Así que durante varios años se reconstruyó y se reconfiguró a sí mismo como el neoliberalismo con el que estamos más familiarizados, y que tiene en Milton Freedman uno de sus alfiles teórico-prácticos. Con esa “doctrina del shock”, que no es más que la disminución del estado de bienestar, los recursos sociales que se generan son destinados a las transnacionales, y ya no a los estados-nación.

Con el comienzo de siglo (y el aumento de la corrupción y la ineficacia en los gobiernos de todo el mundo como en Grecia, Egipto y México) se han roto las fronteras nacionales, ejemplo significativo de ésto es que las drogas no tienen fronteras pero las personas sí.

Así que cuando los adalides de la democracia advierten que la participación ciudadana se ve afectada, no se están refiriendo en un sentido social, a que la desigualdad cada vez es más pronunciada y gran parte de la “ciudadanía” -mejor llamada población- no puede ejercer sus derechos más significativos. Se están refiriendo a que las transnacionales no están recibiendo los suficientes recursos de infraestructura, ni han externalizado en el Estado todos sus costos más significativos. También se refieren a que estas industrias constantemente deben ser rescatadas con fondos públicos, en detrimento de la calidad de vida.

La participación ciudadana electoral es meramente un espectáculo, ya que ninguna de las decisiones trascendentes sobre la economía, la energía, la seguridad o la alimentación de los mexicanos se toma en función de la elección popular o la consulta pública. No son los ciudadanos quienes determinan la agenda del gobierno, por ende, la participación ciudadana no existe, o por lo menos, no es trascendente para el gobierno.