Veracruz ocupa uno de los primeros sitios en materia de desaparición forzada. Según estimaciones de la Procuraduría de General de Justicia del Estado, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas fueron víctimas de desaparición forzada. La danza de los números a veces abonan al desconocimiento o negación de la crisis. Pero la ausencia de cifras exactas es sintomático de la gravedad del problema. En relación con la libertad de prensa y la situación de los informadores, Veracruz tiene saldos desastrosos. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, la entidad es uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias advierte que el estado de Veracruz concentra el 50 por ciento de los homicidios contra periodistas en México desde 2011. Hasta febrero de 2014, se contabilizaron 10 periodistas asesinados, cuatro desaparecidos, y 132 agresiones contra la prensa estatal. Con el homicidio del foto reportero José Moisés Sánchez Cerezo la cifra de comunicadores ejecutados en ese plazo asciende a once. Cabe hacer notar que el caso de Sánchez Cerezo conjuga las dos modalidades de delito dominantes en la entidad: la agresión letal contra periodistas y la desaparición forzada.
Si se toma en consideración el recorte temporal que comprende las últimas dos administraciones estatales, el número de periodistas ejecutados se eleva a dieciséis, cinco en la administración de Fidel Herrera Beltrán, y once en la administración de Javier Duarte de Ochoa. Tras el asesinato del periodista Gregorio Jiménez en febrero de 2014, La Jornada nacional registró: “En el actual gobierno, Gregorio Jiménez es el décimo [periodista asesinado] de una lista que incluye a Regina Martínez, corresponsal de Proceso (abril de 2012); Gabriel Huge, reportero de Notiver (mayo de 2012); Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews (mayo de 2012); Esteban Rodríguez, del diario AZ(mayo de 2012); Víctor Báez, de Milenio (junio de 2012); Noel López Olguín, reportero (mayo de 2011); Miguel Ángel López Velasco, del diario Notiver, muerto junto con su esposa y su hijo, el fotógrafo de Notiver Misael López Solana (2011); Yolanda Ordaz, reportera del diario Notiver (julio de 2011). Están desaparecidos los periodistas Gabriel Fonseca, de Diario de Acayucan y Liberal del Sur, y Sergio Landa, del Diario de Cardel. En el gobierno de Herrera fueron asesinados Raúl Gibb Guerrero, Roberto Marcos García, Adolfo Sánchez Guzmán y Luis Daniel Méndez; asimismo desapareció Jesús Mejía Lechuga (2003)”.
La conclusión anticipada es lapidaria: Veracruz es un estado garante de la violación de derechos humanos.
Hace un año exactamente se publicó un artículo en este mismo espacio acerca de la desaparición forzada en México, y especialmente en Veracruz. A continuación se reproduce parcialmente esa entrega, con motivo de la vigencia que conserva y la obligatoriedad de recuperar el tema como un objeto de análisis urgente.
La desaparición forzada: una modalidad de violencia de Estado.
Es un secreto a voces: en México desaparecen personas, civiles e inocentes, todos los días, a cualquier hora, y no pocas veces sin dejar huella. El discurso oficial insiste en ignorarlo. Así lo confirma un informe que hace apenas unas semanas enviara el gobierno federal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, cuyo contenido, de acuerdo con diversos analistas, minimiza la dimensión del problema, y describe irresponsablemente un horizonte optimista en relación con el procesamiento gubernamental de las denuncias. Cifras oficiales relativas al periodo 2006-2012, señalan que en el transcurso de esos seis años se consignó la desaparición de 26 mil personas. Un dato tal vez conservador si se admite que la contabilización de la desaparición forzada carece de una metodología confiable, debido a la naturaleza misma del problema, y a la negligencia rutinaria de las autoridades públicas. La virulencia y sistematicidad de este flagelo obliga a la siguiente conjetura: la desaparición forzada es un delito tolerado e incluso fomentado por algunos poderes públicos y privados.
Para situarnos en un terreno más o menos común, cabe recuperar la definición de “desaparición forzada” que suscribe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: a saber, “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (http://amnistia.org.mx/publico/informedesaparicion.pdf.pdf).
Cabe destacar dos aspectos en esta definición: uno, la corresponsabilidad del Estado; y dos, la negativa de reconocimiento.
En relación con el segundo asunto –el de la negativa a reconocer la privación de libertad–, Veracruz es un catálogo de pruebas auto incriminatorias que apuntan en esta dirección de la desatención. Recuérdese la declaración del subprocurador estatal Antonio Lezama Moo en 2013: “Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino” (Proceso 19-VI-2013); u otra más reciente del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita: “Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es que no tenemos ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede seguir caminando por las calles y asistir a las plazas” (Proceso 18-V-2014).
Pero a pesar de la insistencia gubernamental en la omisión de este delito, en ciertos estados como Veracruz la incidencia de esta modalidad de crimen rebasa la capacidad institucional de ocultamiento. Noé Zavaleta documenta: “En la última semana de abril pasado, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales…” (Proceso 18-V-2014).
Esta cifra coincide con la información que hiciera pública el Colectivo por la Paz Xalapa en marzo de este año. El reporte del colectivo añade que en estas desapariciones consignadas se encuentran 122 menores de edad (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/03/desapariciones-forzadas-feminicidios-e.html). Pero la cifra es más alarmante si se considera el aumento exponencial de este delito en el último año: hasta agosto del año antepasado (2012) sólo se tenía conocimiento de 133 desapariciones forzadas.
No es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones arbitrarias, torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales, registrara un aumento sensible tras el despliegue en las calles de más de 60,000 elementos de las fuerzas armadas, que por decreto extraconstitucional ordenara el gobierno federal a finales del año 2006. Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición forzada se instalara a sus anchas en Veracruz en el marco de la implementación del Mando Único Policial (comando centralizado para las tareas de seguridad). Se trata de una concordancia natural entre una estrategia de Estado más o menos conscientemente concertada, y unos resultados socialmente desastrosos más o menos conscientemente previstos. Las organizaciones delincuenciales sin duda son un actor central en esta coyuntura. Pero el problema primario radica en la criminalidad de ciertos poderes (enclaves económicos o políticos) que actúan desde las estructuras del Estado, o bien que se apoyan en éstas.
El periodista italiano Federico Mastrogiovanni resume esta trama: “sembrar el terror en la población es parte de una estrategia que favorece los intereses de empresas transnacionales. Y la estrategia pasa a través de una paramilitarización del país, el aumento de la represión por parte del Estado y el incremento de actividades de los grupos criminales contra la población civil… La desaparición forzada de personas es una de las tantas formas de control del territorio a través del terror y el silencio que cubre [la geografía nacional]… de una especie de aniquilación” (Proceso 18-V-2014).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos parece arribar a conclusiones análogas: “El involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el aumento a violaciones graves de derechos humanos. Las quejas presentadas… por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000%... Particularmente resulta preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que dio inicio [la pasada administración federal]” (http://cmdpdh.org/2013/01/el-resurgimiento-de-la-desaparicion-forzada-en-mexico-2/).
Si se toman los hechos y resultados como prueba de intencionalidad, la conclusión es obligada e irrevocable: la desaparición forzada es una de las múltiples modalidades de violencia de Estado. El doctor Daniel Márquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostiene categóricamente: “La única respuesta es que alguien se está beneficiando con esto y es alguien dentro de los aparatos de poder; no es alguien que está afuera…. [Los delincuentes] no son más que empleados de alguien, y ese alguien está dentro de las estructuras formales” (Nancy Flores, 2012).
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