lunes, 29 de julio de 2013

Mexicana de Aviación no se olvida: la conmemoración de un atraco

Hace 35 meses que Mexicana de Aviación dejó de operar. El 28 de agosto de 2010 la aerolínea se declaró formalmente en quiebra e ingresó a un sinuoso –o siniestro– ciclo de concurso mercantil. Envuelta en una humareda de especulaciones, piadosas exculpaciones y falsarias explicaciones, Mexicana de Aviación, conocida en los años 70 como “la aerolínea milagrosa” por sus extraordinarios resultados y réditos, fue víctima de una histérica descapitalización urdida por un impresentable grupo empresarial, con la venia de la administración federal en turno. Pese a los esfuerzos por resguardar la plataforma de bienes e infraestructural de la aerolínea (slots, flota aérea, rutas), las empresas aeronáuticas carroñeras (Interjet, Volaris, Aeroméxico) terminaron por apropiarse casi gratuitamente de la base patrimonial de la primera compañía de aviación en América Latina. Más aún, en la “hipótesis” de solución del actual gobierno federal, y tras sabotear toda tentativa para rescatar a Mexicana, se ha propuesto la venta del último remanente de la aerolínea: la base de mantenimiento. De acuerdo con este remedo clownesco de “hipótesis”, el retiro de esta base (MRO por sus siglas en inglés) del concurso mercantil, y la consiguiente venta de la misma, abriría el camino para el pago de liquidaciones (que según estimaciones alcanzan conjuntamente la cifra de 200 millones de dólares). Aunque el propósito declarado refiere a “una suerte de reparación del daño”, el designio latente nada tiene que ver con esta seudo divisa correctiva. El fin es uno sólo, acaso el mismo de siempre: extinguir definitivamente a la aerolínea. En esta trama no existe un ápice de “error” o “inacción de la autoridad”, como versa la explicación oficialista. La quiebra de la más grande aerolínea nacional, la segunda más antigua a escala continental, es resultado de los “aciertos” y la “acción premeditada” de la autoridad para beneficiar a un puñado de buitres empresariales. 

A modo de conmemoración de un atraco a la economía nacional, específicamente a la industria aeronáutica, y como advertencia de lo que se avecina con un sector energético en vías de privatización, sírvase la reproducción íntegra de una investigación que puso en evidencia la trama conspirativa detrás de la bancarrota-destrucción de Mexicana de Aviación. 


Mexicana de Aviación: el extraño caso de un harakiri 

A 18 meses del cese de operaciones de Mexicana, la tercer aerolínea más antigua de todo el mundo aún se debate entre la extinción definitiva o el rescate en condiciones adversas. Como ocurre generalmente con los casos de gran resonancia nacional, la prensa ha tratado este asunto con su habitual parcialidad, desviando la atención de los pormenores cruciales, y concentrándose en el leviatán predilecto del México pos-salinista: los sindicatos. Más de una vez se ha responsabilizado al sindicato por el quiebre de la aerolínea. Y simultáneamente se ha omitido cualquier dato que urgiera a conclusiones distintas. Por ejemplo, que la súbita suspensión de operaciones pudiera responder a una suerte de maquinación gubernamental para beneficiar a las empresas competidoras, a saber: Aeroméxico, Volaris, Interjet, quienes a partir de agosto de 2010 se apoderaron de los slots aeroportuarios y rutas que otrora cubría Mexicana. Frente al posible rescate de la única aerolínea doméstica de talla internacional, los propietarios de las aerolíneas “usurpadoras” risiblemente acusan falta de criterio empresarial en el salvamento de Mexicana. 

Véase la siguiente secuencia que apunta en la dirección de un complot. 

2005. El gobierno de Vicente Fox desnacionaliza Mexicana, y traspasa la aerolínea a precio de tianguis –165 millones de dólares– a Grupo Posadas, cuyo decano era Gastón Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Jean. En lo que parece un record guinness en la ruina financiera de una empresa, la conducción de Grupo Posadas supuso una suerte de harakiri empresarial, al acumular una deuda de 900 millones de dólares (repartida entre mil 300 acreedores) en un margen de cinco años. (¿Cómo se explica que una empresa altamente rentable, con 90 años de antigüedad, ¡libre de pasivos antes de la desnacionalización!, con una flota moderna –en 2004, antes de malbaratarla, adquiere aeronaves Airbus A318–, con personal aeronáutico hipercalificado, se hundiera en un plazo insólito de cinco años?). 

2006. Un año después, Fox inaugura Volaris en la ciudad de Toluca. Entre los socios fundadores de la empresa destacan: Grupo Televisa de Emilio Azcárraga (¡sí! el primo de Gastón Azcárraga), Inbursa (del multimillonario Carlos Slim), TACA (aerolínea salvadoreña) y Discovery Capital Management (fondo de capital privado con sede en Connecticut). Con la suspensión de Mexicana, Volaris incrementa su boletaje en un 30%. 

2007. Inmediatamente después de una renovación de la flota, Aeroméxico pasa por un nebuloso proceso de desincorporación estatal. Este año, el gobierno de Felipe Calderón vende el 90% de las acciones de la aerolínea a Grupo Financiero Banamex, subsidiaria de Citibank, en cuya junta administrativa aparece otra vez el entusiasta multipropietario: ¡sí! Emilio Azcárraga. Las rutas que abandona Mexicana, ahora las acapara Aeroméxico. 

2008. El adeudo más fuerte de Mexicana corresponde al crédito que le otorga Banorte este año, justo cuando comienza el capítulo más álgido de la crisis financiera. La aerolínea contrae un crédito suicida por mil 525 millones de pesos, en una coyuntura de conmoción económica. 

2009. Para sortear el impacto de la emergencia sanitaria AH1N1, Bancomext facilita otro crédito suicida a la aerolínea por mil millones de pesos. En este mismo año se ventila, aunque muy discretamente, un caso de fraude al interior de la dirección de finanzas, que inexplicablemente los dueños de Mexicana convienen callar. 

2010. Ante el estrepitoso desplome, Grupo Posadas vende sus acciones a Tenedora K, empresa fantasma, en ¡mil pesos mexicanos! (y en pagos diferidos). Los trabajadores denuncian el fraude (e increpan a Felipe Calderón por alargar deliberadamente el desenlace de Mexicana “para quitarle responsabilidad a Azcárraga y las consecuencias penales de sus actos”). 

2011. Med Atlántica se compromete a recapitalizar la empresa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su presunta condición de árbitro (¡vendido!), introduce requisitos discrecionales e impide el salvamento de la aerolínea. 

2012. A 18 meses del cese de operaciones de Mexicana, las otras aerolíneas de operación doméstica (Volaris, Aeroméxico e Interjet) aumentan astronómicamente sus ganancias, gracias a la ruina de la primera compañía de aviación nacional y a un aumento inadmisible del 40% en los precios del boletaje. 

“¡Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo!” 


viernes, 26 de julio de 2013

La prueba Enlace ha muerto pero su espíritu permanece



Después de haberla defendido a capa y espada, el gobierno federal ha decidido acabar con la prueba Enlace. Promovida por grupos empresariales para intervenir y controlar los procesos educativos, enfrentó críticas sistemáticas y escándalos que acabaron por convertirla en un lastre para el grupo en el poder, por lo que sin pena ni gloria desaparece un intento por privatizar la educación, a partir de evaluaciones que servirían para diagnosticar los problemas de la educación en México, pero su espíritu sobrevive.

Se le criticó porque  intentaba establecer comparaciones partiendo de la idea de que México es un país homogéneo y que los mismos programas deberían dar los mismos resultados, ya fuera el campo o en la ciudad, en zonas marginadas que en zonas de altos niveles de consumo. Pero además, la prueba estaba estructurada a partir de respuestas de opción múltiple, cuando está demostrado que este tipo de exámenes sólo miden una parte del proceso de conocimiento y no siempre con resultados consistentes y exactos. Por si fuera poco, incluso se le intentó utilizar para evaluar, no el conocimiento de los estudiantes, sino las capacidades de los docentes, poniendo todo el peso de la educación en ellos, a pesar de que, como es bien sabido, el rendimiento escolar es un proceso complejo, determinado por varios factores entre los que se encuentra la labor del maestro pero también las condiciones de vida de los estudiantes, si contaba con el apoyo de los padres, buena alimentación, salud y una vivienda digna. Como docente por varias décadas puedo afirmar sin ambages que las personas no se les enseña sino que más bien aprenden, adquieren conocimiento en la medida en que cuenten con condiciones mínimas y sobre todo, consideren útil para sus vidas cotidianas, lo que se discute y analiza en el aula.

Por su parte los escándalos giraron alrededor de la proverbial corrupción de la burocracia de la Secretaria de Educación Pública, la cual obtuvo buenas cantidades de dinero poniendo en venta los exámenes antes de aplicarlos. Al mismo tiempo, buena parte de los maestros, en el entendido de que los resultados de sus alumnos podrían beneficiarle en sus ingresos, se dedicaban exclusivamente a repasar los temas que serían incluidos en la prueba, empobreciendo la calidad de la enseñanza., que era lo que supuestamente intentaba mejorar la prueba. Pero además, quedó demostrado que el proyecto de evaluación educativa fue impuesto desde Fundación Televisa, con la asociación civil Mexicanos Primero como fachada, y con el beneplácito de Elba Esther Gordillo y la mafia sindical que encabezaba, a cambio impunidad y ganancias electorales. En realidad fue un proyecto político que el panismo, desde Los Pinos, concedió para que la derecha a la que representaba, interviniera cada vez más en el control de programas de estudio y claro, en la posibilidad de desahuciar paulatinamente a la educación pública y a los maestros que la hacen posible.

¿Qué dirán ahora los que defendieron la prueba Enlace a capa y espada? Los que hasta hace poco insistían en que es necesario evaluar como sea para mejorar la educación. Al respecto la Unión de Nacional de Padres de Familia, acérrima enemiga de la educación pública lamenta la decisión de la SEP, afirmando como disco rayado que la evaluación es la única manera por la cual los padres conocerán los avances de sus hijos en la adquisición de conocimientos. Pero para no dejar dudas, insisten en que además la prueba proporciona elementos para medir el desempeño de las escuelas a lo largo del país, aferrados a la idea de un México homogéneo, en el que las diferencias culturales no van más allá de los platillos típicos o la música vernácula.

El fin de la Prueba Enlace demuestra entonces que el gobierno federal da por cancelado el proyecto pero no por ello dejará de intentar debilitar al gremio magisterial en beneficio de los mismos grupos que gritaron a diestra y siniestra los beneficios de la evaluación educativa, sólo que ahora será el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) el que dará la cara. En todo caso no se les preguntará a los maestros que sugieren al respecto, como si fueran simples instrumentos  del proceso educativos y no uno de sus principales actores. El espíritu de la privatización educativa sigue en pie, sobre todo la obsesión por la ‘calidad’ educativa, aunque procurarán reconfigurarlo con la verborrea y demagogia habitual en estos casos. No es la calidad de la educación lo que está en juego aquí sino el fortalecimiento de las alianzas entre los dueños del dinero -nacionales y extranjeros- y los que ahora despachan en el gobierno federal para mantener el proyecto neoliberal promovido por la OCDE y el Banco Mundial con vida. Veremos que tienen que decir los maestros y la ciudadanía al respecto.

domingo, 21 de julio de 2013

El chivo zeta o el zeta expiatorio: la captura de Z-40 en el contexto de “Big Brother”


El 11 de septiembre de 2011 se inicia un nuevo ciclo en la reconfiguración de los estados-nación. La globalización se desprende de su disfraz cultural integracionista, y revela su rostro auténtico: el de la balcanización, la segregación, el holocausto de los “grupos vulnerables” (léase: todo lo que habita en los márgenes de la hegemonía liberal-cristiana). El estado se escinde de la nación, instaurando un llano aparato de represión sin más operaciones decorativas excepto las referentes a la legitimación ideológica. En este delicado rubro de la ideología, crucial para la supervivencia de cualquier orden político, los estados inauguran una narrativa confrontacionista, policiaco-militar, fundamentalista. En este relato epocal, el mal acecha al mundo democrático, y es menester eliminar por cualquier medio –preferentemente discrecional– al enemigo, llámese delincuente, narcotraficante, terrorista, islamita, sociópata, inmigrante, guerrillero, disidente, anarquista, hacker… tullido, lumpen, homosexual etc. Todos, criminales o susceptibles de incurrir en un crimen, transgresores o susceptibles de transgredir el statu quo, arrojados a un mismo costal. Emerge así, desde las entrañas de la utopía liberal, desde ese estadio civilizatorio donde la historia llegó a feliz término por decreto de un tal Fukuyama, la versión acabada de la profecía orwelliana: el estado policiaco o de excepción, el estado global de ingeniería social totalitaria. 

En la truculenta trama referida, el mal es un subproducto de la “otredad”, nunca una cría o extensión del propio cuerpo civilizatorio. En “Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel”, Marx escribe: “No hay un ser vivo que crea fundados los defectos de su existencia en su principio vital, en la esencia de su vida, sino en circunstancias que le son extrínsecas. El suicidio es antinatural. Por tanto el Estado no puede creer en la impotencia interna de su administración, o sea de sí mismo”. Es decir, el estado –ideal o utópico– que concibieron los liberales no está en un estadio pretérito o ulterior, ni en un escurridizo presente amenazado por los “bárbaros” modernos. El estado real y actual, con toda su cuota de malformaciones, disfuncionalidades y terror, es la forma específica, efectiva e inexorable de aquel concepto. Pero la narrativa dominante criminaliza –al menos en calidad de presunción– a todo el cuerpo social, con el propósito de exculpar u obviar el criminal funcionamiento de la autoridad –o el estado. Marx añade: “Cuanto más poderoso es el Estado y por tanto más político es un país, tanto menos dispuesto se halla a buscar la razón de las dolencias sociales en el principio del Estado –o sea en la actual organización de la sociedad, de la que el Estado es expresión activa, consciente de sí y oficial–, tanto menos dispuesto se halla a comprender que el Estado es el principio universal de esas dolencias” (el subrayado es mío). 

El recién exhibido sistema de vigilancia e intervención estadunidense, el “Big Brother” cibernético-telecomunicacional, es la expresión de esta negligencia o incapacidad del estado para admitir los defectos de su “principio vital”: debe buscar en las “circunstancias extrínsecas” la causa de sus dolencias. Para el relato justificatorio de este estado omiso-criminal, el narco corporeiza esta “circunstancia extrínseca”. Era previsible que en el marco de los conflictos diplomáticos que Estados Unidos enfrenta tras la develación de su megared de espionaje cibernético, cuyos tentáculos abarcan a un complaciente México, se desarrollara la captura o aprehensión teatral de un enemigo “naturalmente exógeno”. La detención del Z-40, como bien señala el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, es “un gran paso para recuperar la tranquilidad”… pero de Estados Unidos, que actualmente está envuelto en un escándalo político/diplomático sin parangón, y que apunta a que este tipo de acciones mediáticamente aparatosas legitimen su intervencionismo masivo. 


Pistas para documentar la teatralidad detrás del triunfalismo oficial 

La noticia se conoció primero en Estados Unidos a través del diario “Morning News”. La aprehensión fue tersa, sin un solo disparo; el recibimiento en la SEIDO, afable, excesivamente cortés. Sin chaleco, sin esposas, marchando erguido con la mirada en alto, más que en calidad de aprehendido, el Z-40 daba la impresión de guiar desenvueltamente a su chambelán marino a un coctel de fraternal recibimiento. Y no es accidental. El Z-40 es uno de los hijos pródigos del narco-estado policiaco. No se podría concebir, por ejemplo, este mismo trato afectuoso a un preso de conciencia o disidente político. Allí el estado exhibiría públicamente su brutalidad a modo de escarmiento, y sin economizar un ápice su fuerza. 

Pero acá ya estaba todo meticulosamente dispuesto. No es casual que elementos de la marina ejecutaran la faena de aprehensión. Está ampliamente documentado que la marina es la institución castrense de confianza de Estados Unidos, algo así como el dócil coadyuvante en tierras mexicanas.. Tampoco es fortuito que los titulares de la secretaría de la defensa nacional y la marina estuvieran “de gira” en Estados Unidos durante la captura del chivo zeta o zeta expiatorio. Además, recién se filtró en la prensa norteamericana que la investigación del Z-40 estuvo a cargo de agencias de inteligencia estadunidenses, específicamente la DEA.

Como se advierte, se trata de una trama urdida desde Estados Unidos en el contexto de las filtraciones que ponen en evidencia el aparatoso espionaje que practica aquel país en México y el mundo. En este guion de chivatones y chivos expiatorios, donde el estado se resiste –por una cuestión elemental de supervivencia política– a ver en sí mismo “el principio universal de las dolencias”, la aprehensión de un capo de alto rango retroalimenta y dota de cierta verosimilitud la narrativa policiaca que inaugura el 9-11, y legitima los procedimientos de intercepción de comunicaciones que discrecionalmente efectúa Estados Unidos. 

Jorge Carrasco y Jesús Esquivel documentan en Proceso una moción neurálgica en la instauración de este sistema de vigilancia que conjuntamente operan EE.UU. y México: “El consentimiento… para el espionaje de Estados Unidos en el país fue resultado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (¡sic!) en América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en territorio estadunidense en septiembre de 2001”. 

El Z-40 es un retoño de la “reconfiguración de los estados-nación”; su aprehensión es tan sólo un golpe de legitimación ideológica concomitante con la narrativa post-911. El proceso aterciopelado de la captura, y el montaje teatral de la faena, sólo apuntalan una hipótesis insistentemente sostenida en este espacio: a saber, que “El Estado no declara la guerra a la delincuencia: se vale de la delincuencia, aliada natural de los poderes públicos, para imponer la guerra. La guerra anti-narco no es un mal necesario para erradicar la delincuencia: más bien, la delincuencia es un bien necesario para la legitimación de un Estado en guerra abierta contra la sociedad. El Estado no condena a los infractores: el Estado es una suerte de infractor colectivo, que sólo a veces lava su imagen con aprehensiones teatrales. El Estado no procesa al delincuente común: comúnmente delinque allí donde un proceso social amenaza su monopolio delictivo. En suma, el Estado no lucha contra el crimen: criminaliza la lucha e impone un orden sepulcral con base en el crimen de Estado” (http://lavoznet.blogspot.mx/2012/11/el-estado-no-persigue-la-delincuencia.html). 


miércoles, 17 de julio de 2013

¿Qué significa PEMEX para México?


Una de las imágenes que la mayoría de los habitantes de México lleva como marca de nacimiento -al igual que las gestas, convertidas en leyendas, de Cuauhtémoc o de Benito Juárez- es sin duda la expropiación petrolera en 1938. Los videos que muestran la manera en que niños y adultos, trabajadores, burócratas, maestros y amas de casa, acudieron al zócalo para donar ahorros, joyas y hasta gallinas para apoyarla, forman parte del imaginario colectivo que hoy está en peligro de muerte. La venta de lo que queda de PEMEX representa la decapitación definitiva de lo que en tiempos del cardenismo le dio a la nación, por primera y única vez en el siglo XX, una razón de ser, un proyecto nacional.

Podemos disentir y criticar de ese proyecto nacional pero difícilmente podríamos ignorarlo, sobre todo en una coyuntura marcada por la necesidad de reconfigurar un nuevo proyecto nacional. La lucha por redefinir el rumbo se debate entre una visión que recuerda claramente las razones de los conservadores en el siglo XIX -sobre todo en la primera mitad- que descalificaban todo lo que no tuviera que ver con la religión católica y la monarquía española; y la visión que se cocina lenta pero inexorablemente en las montañas del sureste mexicano, en las luchas de campesinos e indígenas por la defensa de los recursos naturales y de todas las que se resisten a dejar de imaginar un mundo diferente.

Al igual que los conservadores decimonónicos, los que hoy defienden la venta de PEMEX argumentan que es la única manera de fortalecer la nación, ya que dicha acción le abrirá automáticamente las puertas del paraíso para convertirla en una nación fuerte, plenamente moderna, ajena finalmente a los lastres de visiones retrógradas y nacionalistas. Al igual que esos que fueron a Europa para ofrecerle el trono a Maximiliano para mantener la unidad nacional amenazada por los federalistas, los de ahora no conciben la posibilidad de que l@s mexican@s puedan definir y gobernar su destino. Nuestra burguesía nacional, insegura y parasitaria, no puede imaginar otro camino que inclinarse ante un proyecto que considera poderoso y sobre todo civilizado, descalificando todo lo demás.

En este sentido, lo que está en el fondo de la polémica relativa a la venta de PEMEX es precisamente la posibilidad de establecer un proyecto nacional que, sin caer en el racismo y la xenofobia, le de sentido a la vida de millones de seres humanos que llevan en su fuero interno esas imágenes fundacionales de su identidad colectiva y que las consideran parte de su cultura y su historia. Vender PEMEX es mucho más que una simple política económica o un modelo económico; mas bien es la renuncia a mantener con vida la esperanza de que los habitantes de México puedan elegir su destino. Al acabar con semejante esperanza el camino para la dominación y la explotación quedará libre de obstáculos. No importa que sean migajas lo que sus promotores reciban a cambio; esas migajas les permitirá renovar su dominación y ocultar su sometimiento al capital internacional, aunque sea a medias. Para los que no se traguen la píldora estará siempre lista la represión, la cárcel o la muerte. Serán estigmatizados como los enemigos del desarrollo, de la modernidad, del progreso de México. Quedarán fuera de la historia, de su historia.

Se podría argumentar que PEMEX ha sido vendido desde hace años y que no hay nada que defender, mucho menos si algunos de los integrantes de la mafia política se beneficien con su defensa. Defender PEMEX sería en realidad engordarle el caldo a los nacionalistas y populistas, retrasando el reloj de la historia a los años del corporativismo antidemocrático. Pero entonces surge la pregunta: ¿Por qué todos los partidos políticos y sus dirigentes están tan empecinados en ello? ¿Por qué el presidente concede gubernaturas y diputaciones para mantener la unidad del congreso? Si ya no ha nada que vender ¿para que tanto brinco? En realidad, si se asume que PEMEX es un símbolo de la identidad nacional sobre el que descansa la idea de que es posible definir un camino propio para mantener con vida una nación y una cultura, la cosa cambia y cobra visos de ser una batalla por la supervivencia de la identidad y la cultura nacional. Y eso lo saben muy bien tanto Peña como el FMI y la OCDE. No en balde se la pasan repitiendo una y otra vez que las reformas estructurales son necesarias para impulsar el desarrollo de México.

Los ingresos que el país recibe de PEMEX son la columna vertebral del gasto público, para bien o para mal. Renunciar a ellos empobrecerá al estado y sobre todo a la sociedad en su conjunto, lo que seguramente redundará en mayor pobreza y desigualdad en el tejido social. La polémica estriba entonces no sólo en oponerse a la venta de PEMEX sino además en empezar a configurar un nuevo acuerdo nacional, nuevas reglas del juego, que partan del principio general de que todos los habitantes de México tienen el derecho y la obligación de hacerlo. De que todos tienen derecho a una cultura y una historia.

lunes, 15 de julio de 2013

PEMEX: símbolo, poder e ideología

Estas coyunturas deben aprovecharse al máximo; no abandonar un sólo espacio que pudiera contribuir a la discusión. En una sociedad tan manipulada ideológicamente, tan alevosamente conducida a estados mentales excrementicios, el debate en torno a un asunto de orden público, referente a un bien público, puede perfectamente catalizar la emergencia de discusiones colaterales, tan fundamentales como el tema en cuestión. No es una exageración atribuir a estas discusiones, que intermitentemente irrumpen, la calidad de impulsoras de la formación política en una sociedad. 

Precisamente por toda la nebulosidad, confusión e ideologización que envuelve a la iniciativa de reforma de Petróleos Mexicanos, y por el carácter político neurálgico de la paraestatal, sírvase el presente para desentrañar el oculto fondo misterioso de la disputa patrimonial, que no sólo ideológica, en vigor; y en esta tentativa indagatoria, esbozar además los criterios que rigen toda la política gubernativa, tan desquiciadamente ávida e intransigente. 

Glosa preliminar: El vasallaje de la clase política al modelo de desposesión patrimonial por la vía de la subasta o venta no responde a una lógica procedimental neutral. Es tan sólo la expresión operacional de su impotencia, que estúpidamente asumen extensiva a todos los mexicanos. La modernización vía desposesión-privatización es el mantra de un gobierno lacayo. Punto. 


Los especialistas o el simbolismo 

Dos “cientistas” (o cuentistas) sociales, uno cubano, y otro español. El segundo pregunta al primero: “¿por qué tanto ruido con el asunto del petróleo en México?”. El primero, que de cubano sólo tiene el caribeño acento, responde: “es el símbolo”. El español, entre risas despreciativamente irónicas, asiente: “El símbolo. Claro... Increíble”. 

En la lógica de los cuentistas referidos, concomitante con la lógica de la execrable casta de ideólogos del poder en México, la defensa de un patrimonio es un comportamiento típicamente subdesarrollado, anti-moderno. Únicamente faltó que nuestros foráneos huéspedes añadieran: “A falta de conocimiento acerca de cuestiones tecnológico-empresariales, estos mexicanos se ciñen torpemente al simbolismo”, acaso equiparando el caso en cuestión con el contenido simbólico que reposa en el culto guadalupano. 

Pero lo que interesa subrayar, y que nuestros cuentistas –dedicados a reproducir el gran cuento neoliberal– no alcanzan a ver, es el poder que está detrás del petróleo. Alguna vez puntal inalienable del México corporativista, ahora se pretende que este recurso –el petróleo– se afiance como palanca de desarrollo, pero del México neoliberal. 

Históricamente atrapado entre gobiernos monopolistas y conglomerados empresariales monopolistas, Pemex nunca ha celebrado empíricamente su hipotético carácter público. Como se ve, y más allá de nacionalismos o arrebatos ideológicos neoporfiristas (privatización), la evolución y actualidad de Petróleos Mexicanos se explica en función de un reacomodo geoestratégico internacional, o de los intereses creados intramuros, o acaso de ambos en una devastadora fórmula de saqueo pantagruélico e intensivo. 

Insistimos: en el torcido razonamiento del neoconservadurismo, los sectores que se oponen a la venta de la industria defienden un símbolo, una idea; en cambio, los que evocan e impulsan la desposesión vía privatización les asiste la razón científica desprovista de ideología. 

Típica mayéutica de troglodita. 


El poder de Pemex en cifras 

Se sabe que cerca del 70 por ciento de las ventas totales de Pemex van a dar a los erarios de Hacienda. Que 40 centavos de cada peso presupuestal proceden de la industria petrolera. Que 40 por ciento del gasto corriente del gobierno es financiado con recursos provenientes de Pemex. Que en los últimos dos sexenios Pemex entregó a Hacienda más de 7 billones de pesos (¡sic!). Que la paraestatal ocupa el lugar 14 entre las compañías petroleras más productivas del mundo. 

En la era del extractivismo privado, de cero déficit con base en los ajustes estructurales prescritos por la megabanca transnacional, estas cifras entrañan un absurdo. La transferencia de ganancias no debe responder más a las demandas de un estado asistencialista; se debe adecuar más bien a las necesidades del poder corporativo financierista. Por eso en lugar de impulsar una reforma al leonino régimen fiscal de la petrolera, la “solución inteligente” que se ha formulado apunta a la venta-concesión de la industria a las transnacionales anglosajonas (Exxon Mobil, Royal Dutch Shell etc.). En relación con la gigantesca carga fiscal que recae sobre Pemex, Julio Hernandez (Astillero) cita un estudio de Fluvio César Ruiz Alarcón, consejero profesional de la paraestatal: “En el caso de Petrobras [ejemplo que esgrime el gobierno en sus disertaciones], su carga fiscal es en promedio de 35 por ciento, una diferencia de 2 a 1 respecto de Pemex (67.4 por ciento). Ninguna empresa pública o privada puede sostenerse bajo un régimen fiscal como el que padece Pemex”. Hernández críticamente advierte: “Tanta carga fiscal sobre Pemex contrasta con la laxitud respecto de empresas que obtienen enormes ganancias en México. América Móvil… paga respecto a ventas o ingresos totales 6 por ciento a Hacienda… Femsa, embotellador independiente más grande de Coca-Cola en el mundo… paga 3.3… Y Walmart de México nada más 2.3 por ciento” (La Jornada, 26-VI-2013). A pesar de esta histórica explotación, y de su consonante estancamiento tecnológico, Pemex sigue produciendo dividendos que a más de una transnacional le interesa usufructuar. 

Más que un mero símbolo, la evidencia antedicha conduce a una conjetura obligada: Pemex es una industria extraordinariamente redituable, pese al intensivo latrocinio al que ha sido sometido. Ergo, la disputa en torno a Petróleos Mexicanos no es de orden ideológico y/o simbólico; es una disputa por el poder que confiere una de las tres reservas de petróleo (al lado de Venezuela, Brasil) más extensas y potencialmente rentables a escala continental. Alfredo Jalife-Rahme devela el “oscuro fondo misterioso” de la lucha patrimonial en curso: “Se delinean así dos Méxicos energéticos: uno nacional en decadencia para Pemex, a quien se dejaría morir a fuego lento con su chatarra, mientras es capturado paulatinamente por las empresas privadas locales, y otro trasnacional, en auge, en las aguas profundas/transfronteras/shale gas para la anglósfera, que se llevaría las joyas de la corona” (La Jornada, 3-VII-2013). 


La falsaria lógica de “más por menos” 

En este desmantelamiento de la industria nacional que sugiere Jalife-Rahme, se efectúa subrepticiamente la acción de un artificio ideológico que cierto filósofo denuncia. En la era neoliberal, la desposesión-privatización se entona como un incentivo al desarrollo, al mejoramiento o progreso. En el caso de la economía nacional, se dice que las ganancias serán más altas cuanto menor control se ejerza sobre su funcionamiento o administración. El filósofo aludido recurre al ejemplo de un celebérrimo chocolate que viene en presentación de huevo para desmentir la estafadora ecuación. El ardid mercadológico consiste en persuadir al consumidor de que su compra involucra una ventaja o ganancia excedente: en el precio de la golosina va incluido el chocolate, y por mágica añadidura un mugroso juguetito de confección china. ¡Más por menos!, reza entusiastamente la propaganda. Pero precisamente en el espacio que ocupa la codiciada “sorpresa” yace la ambicionada ganancia del fabricante. Más allá del velo ideológico que envuelve al miserable huevo-golosina, al final el consumidor recibe menos por un precio más alto en relación con el costo real del producto. Si bien la analogía se antoja baladí, acaso sirve para ilustrar el propósito encubierto de la reforma energética en puerta: hacer de México un simple cascarón. 

lunes, 8 de julio de 2013

Tío Sam y su pandilla: la no tan decadente metrópoli estadunidense

En otras oportunidades se ha señalado la definitiva decrepitud de Estados Unidos: de su rudimentaria cultura, de su arcoíris de metarrelatos fundacionales; pero especialmente de su debilitado comando geoeconómico, geopolítico, etc. Pero esta vez nos ocupa la iniciativa opuesta: a saber, señalar los resabios aun determinantes de aquel poder otrora monopólico, omnímodo e incontestado (que no pocos ideólogos mexicanos melancólicamente evocan, cual conservadores francófilos en tiempos de la Reforma). La negativa que prescribieron Francia, Portugal e Italia al avión presidencial de Evo Morales para el uso de su espacio aéreo –impidiendo el trayecto dispuesto en la agenda del mandatario boliviano–, por el rumor de que el ex agente de la CIA-NSA Edward Snowden (catalogado como enemigo público #1de Estados Unidos) venía a bordo de la aeronave; la recién delatada –aunque largamente conocida– pantagruélica red de espionaje planetario, meticulosamente urdida desde la discrecionalidad que naturalmente dispone cualquier súperpoder libre de contrapoderes efectivos; la facultad política para establecer “unilateralmente” las condiciones de la “bilateralidad”, por un lado, sellando fronteras con franco aderezamiento militar, y por otro, violando flagrantemente la soberanía de otros pueblos. Todas las mociones referidas conducen a una conclusión categórica: los fétidos efluvios que emanan de la desguarnecida metrópoli estadunidense no anuncian su muerte, sino tan sólo su reconfiguración como potencia cada vez más execrable en la multipolaridad venidera. 


El cobarde: ¡Lotería! 

Edward Snowden es un fugitivo, una suerte de rebelde involuntario con causa. Estados Unidos le endilga la etiqueta de traidor. Su crimen: revelar el programa secreto de vigilancia electrónica (Prisma) que tan reservadamente tutela su país. Tras la desquiciada expedición que puso en marcha Estados Unidos para dar con su paradero y procesarle legalmente como terrorista-criminal-enemigo, el informante ha extendido solicitudes de asilo en múltiples países. Pero Barack Obama, el acreditadísimo premio nobel de la Paz, advirtió al mundo que la concesión de asilo a Snowden acarrearía costos políticos mayúsculos. De izquierdas y de derechas, de todos los colores e idearios conocidos y por conocer, los distintos gobiernos interpelados (más de una docena) han denegado públicamente la solicitud de asilo a Snowden. Incluso en los países donde la arenga nacionalista repudia expresamente la política exterior de Estados Unidos, la advertencia de Obama parece haberles sustraído su presunta autodeterminación o voluntad. Triste trecho entre el discurso y el hecho. Y el mancillado gigante espeta: ¡No que no tronaban, pistolitas! 

Ésta es la lista de países que han negado u omitido occisamente la petición de asilo: India, Finlandia, Alemania, España, Polonia, Austria, Islandia, Irlanda, Noruega, Suiza, Francia, Italia, Holanda, Rusia (donde se encuentra asilado irregularmente), Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela y China. 

Se sabe que a raíz de esta negativa casi unánime, la lotería mexicana ha añadido una nueva figura a la baraja original. A un costado de “El valiente” se yergue la imagen de un lánguido tullido aseando sus excrecencias: “El cobarde”. ¡Lotería! 


La migratoria reforma 

…Y la cacareada reforma nomás no llega. El gobierno de Estados Unidos sigue pateando la lata. No tiene prisa. Le preocupa más la persecución de sus “hijos desobedientes”, y la feliz estancia en su terruño de execrables figurines como el terrorista cubano Luis Posada Carriles o el impresentable ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (o el eunuco/criminal de guerra Felipe Calderón). Aunque la reforma cuasi-seudo-migratoria ya fue aprobada por el Senado, aún falta el visto bueno de la Cámara de Representantes. Allí se avizora que sufrirá un atorón indefinido. Y todavía concediendo que procediera la (contra)reforma, es altamente improbable que en la aplicación alcance los resultados deseables, al menos para la comunidad hispana o para los grupos u organizaciones sociales promotores de la iniciativa. En Estados Unidos, tierra de enredos ideológicos, las autoridades entienden por “reforma migratoria” la erección de muros y militarización de la frontera. Esto es, la contención de la migración. Si bien el proyecto de ley contempla el procesamiento de regularización del estatus de residencia de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, la arista nodal de la enmienda refiere al “fortalecimiento” de la “seguridad fronteriza”, entre cuyas humanitarias disposiciones destacan las siguientes: construcción de otros mil 126 km de muro en la frontera con México; dotación de 20 mil agentes más para la patrulla fronteriza; e incorporación de drones (aviones a control remoto) para la tarea de vigilancia transfronteriza (sic). 

En suma, está claro que la reforma migratoria integral no prospera. Ni prosperará. Más bien, la reforma emigra hacia otro terreno: no el de la regularización de la fuerza de trabajo, sino el de la seguritización/militarización de la frontera. 

Glosa marginal: ¿Y México? En México seguimos abordando equivocadamente el problema. Líderes de opinión mexicanos han manifestado su repudio al proyecto de ley migratorio: “Es un vil escupitajo racista… simplemente no responde a las condiciones planteadas por la comunidad”. Pero, ¿por qué nunca nadie señala el problema originario? México arroja más personas al exilio forzado que casi cualquier otro país. Preocupa el “vil escupitajo racista”. Pero preocupa más el “vil escupitajo en casita”. 


Tío Sam is watching you
 
Víctor Toledo escribe: “Las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación permiten ya no sólo transmitir el malestar, sino organizar expresiones masivas por canales no controlados ni por el poder político (gobiernos y partidos) ni por el poder económico (empresas y corporaciones)”. Parece que nuestro colega lleva algunos meses desconectado de la esfera de información. En fin, sólo se desea referir este desliz como preámbulo antitético al pronóstico, acaso más verosímil, del periodista Julian Assange, concerniente al rumbo de las tecnologías telecomunicacionales. Assange sentencia: “el avance de la tecnología de la información epitomizado por Google anuncia la muerte de la privacidad para la mayoría de la gente y cambia al mundo hacia el autoritarismo” (ver http://lavoznet.blogspot.mx/2013/06/la-profecia-de-1984-o-la-ciberpolicia.html).

Y adivínese que Estado comandará el nuevo orden autoritario con pretensiones totalizadoras. ¿Acaso la no tan decadente metrópoli estadunidense? ¡Loteria! 

miércoles, 3 de julio de 2013

De tratados y de muros. Lo que hay detrás de la reforma migratoria de Obama.



Cuentan los lacayos del poder que en los años en que se negoció el tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, EE. UU. y Canadá, Carlos Salinas, en su afán por promoverlo, señalaba que nuestro país estaba ante la oportunidad de dejar de ser la querida del imperio para convertirse en cónyuge legal. El sueño del alemanismo por una integración profunda con el vecino del norte para beneficiarse y saltar a la modernidad lograba cobrar carta de legalización casi medio siglo después. Sin embargo, la anhelada integración está hoy más lejos que nunca; si bien el flujo comercial ha aumentado –con todas las desventajas del caso para la economía mexicana- la confianza entre los socios no ha avanzado en lo absoluto.

En efecto, frente a la crisis financiera internacional, la estigmatización del mexicano en los EE. UU. juega hoy un papel similar al que desempeñó el antisemitismo en los años del nacionalsocialismo en la Alemania, o sea, culpar al extraño de los males nacionales. La reciente reforma migratoria aprobada en el congreso estadounidense con el apoyo entusiasta de Barack Obama, no deja lugar a dudas de la enorme desconfianza que suscita entre los dueños del dinero las condiciones que enfrenta nuestro país. La enchilada completa que alguna vez trató de vendernos el malogrado canciller Jorge Castañeda Jr. es hoy una simple purga  con aceite de ricino.

La profundización de la vigilancia de la frontera, que les costará a los contribuyentes yanquis treinta mil millones de dólares, es en realidad la base de la reforma, ya que al mismo tiempo que estimula la bonanza de las empresas dedicadas al ramo de la seguridad -entre ellas de manera destacada las dedicadas a la producción de armamento- tiene la intención de acallar las críticas de buena parte del electorado blanco de clase trabajadora que se encuentra en serios problemas por la reducción drástica de oferta laboral. La reforma fortalece entonces la idea de que la falta de empleo se debe a la competencia ‘desleal’ de la mano de obra migrante, que ése es el verdadero problema de los EE. UU.

Pero en un acto de prestidigitación política, los impulsores de la reforma pretenden también lograr el apoyo de los migrantes que votan, sobre todo de la comunidad latinoamericana, para así ganar por ambos lados. En este sentido, la reforma abre la puerta a la legalización de alrededor de 11 millones de indocumentados, quienes tendrán el privilegio de obtener la residencia en un periodo de diez años (antes era de cinco años) siempre y cuando se porten bien y demuestren el manejo aceptable del idioma inglés, entre otras cosas. Luego vendría el proceso de obtención de ciudadanía, que podría ser hasta de tres años. Sólo los que ingresaron ilegalmente al país hasta 2011 podrían gozar de semejante privilegio previo pago de hasta dos mil dólares, eso sí, en cómodas parcialidades. 

Es necesario señalar que todas estas oportunidades para que los migrantes logren la residencia legal están supeditas al éxito del muro para contener la entrada de más migrantes. “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe demostrar una eficacia de al menos el "90 %" en sectores fronterizos de "alto riesgo" en un plazo de diez años antes de que los indocumentados puedan obtener la residencia permanente.” Este dato refuerza mi argumento en el sentido de que la reforma migratoria es más bien un plan de militarización fronteriza para reducir a su mínima expresión la llegada de nuevos migrantes. Lo demás es lo de menos.

Las reacciones por parte de la comunidad hispana han sido de júbilo pues por muchos años han trabajado para lograr la legalización de sus integrantes, pero al mismo tiempo admiten sin rubor que hay que atrancar la puerta fronteriza para evitar la entrada de nuevos migrantes. Cerrarán los ojos a las muertes, vejaciones y sufrimientos de los que, de ahora en adelante, intenten cruzar la frontera sin papeles, así sean sus propios familiares.

Por su parte, la reacción del gobierno mexicano, que seguramente conocía el proyecto desde la visita de Enrique Peña a Washington, se basa en el respeto al principio de soberanía, es decir, ni protesta ni se opone abiertamente a la militarización su frontera norte. Más aún: las graciosas concesiones a los compatriotas indocumentados que residen en EE. UU. que reconoce la reforma migratoria, parecen ser resultado de la promesa de Peña de abrir la puerta a los inversionistas yanquis para apropiarse de las reservas petroleras mexicanas. Un pacto de caballeros, of course.

Así las cosas, la integración entre México y EE. UU. es hoy, más que nunca, un proceso de desposesión de la riqueza nacional en beneficio del capital estadounidense, aderezado con una reforma migratoria que, valga la expresión, le tape el ojo al macho para ocultar las verdaderas intenciones de la nueva enmienda. Por eso en lugar de mirar hacia la generosidad de Obama y el congreso estadounidense para con los migrantes, habrá que estar atentos a las maniobras políticas dentro y fuera de nuestro país para consumar la privatización de lo que queda por privatizar de PEMEX. 

Esta privatización bien podría compararse con el Tratado de Guadalupe de 1848, (otro nefasto tratado pero en el siglo XIX) que legalizó el despojo de más de la mitad del territorio nacional en beneficio de nuestro vecino del norte. El TLCAN no estará consumado hasta que se venda PEMEX. Tal vez por ello y previendo los enormes conflictos que acarreará en la sociedad y la economía de los habitantes de este país la pérdida de los ingresos del petróleo, la militarización de la frontera se convierte en un objetivo fundamental para Obama y sus patrones. El eventual tsunami migratorio exige y justifica cimentar el dique-muro. Nunca se sabe.